Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional (CPI) bajo el argumento de que el tribunal amenaza su soberanía al intentar investigar o procesar a ciudadanos, militares y funcionarios estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el presidente Donald Trump no permitirá que la Corte ejerza jurisdicción sobre ciudadanos de su país y advirtió que Washington intensificará las medidas si la institución no modifica su actuación.
Presión institucional
Las restricciones alcanzan por primera vez a la CPI como institución, después de que Washington ya hubiera sancionado a fiscales y jueces. El impacto puede extenderse a bancos, aseguradoras, empresas tecnológicas y proveedores de servicios que mantengan vínculos con el tribunal. Sin embargo, el Departamento del Tesoro autorizó operaciones limitadas relacionadas con telecomunicaciones, software, pagos de pensiones y personas detenidas por la Corte.
La CPI rechazó firmemente las sanciones y sostuvo que constituyen un ataque contra el Estado de derecho, además de un intento de intimidar a su personal y frenar sus investigaciones. La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan aseguró que los procesos continuarán. La institución había preparado alternativas para sus sistemas informáticos, servicios bancarios y seguros médicos ante la posibilidad de nuevas restricciones.
El conflicto se relaciona principalmente con las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y con el expediente sobre Afganistán, que involucra a militares estadounidenses. Washington sostiene que la CPI carece de autoridad sobre sus ciudadanos, aunque el tribunal puede actuar cuando los presuntos delitos ocurren en territorio de un Estado miembro o mediante una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La Unión Europea expresó su respaldo a la Corte y afirmó que protegerá su capacidad para investigar y juzgar crímenes internacionales, así como los intereses de operadores europeos afectados. La disputa trasciende el desacuerdo entre Washington y la CPI: enfrenta la defensa estadounidense de la soberanía nacional con el principio de que ciertos delitos pueden ser perseguidos por una jurisdicción internacional. Con 125 Estados miembros, el tribunal enfrenta ahora una presión política y operativa que puede poner a prueba el respaldo efectivo de sus aliados.