Riad esperaba que octubre confirmara su capacidad para atraer al mundo. La capital saudí acoge el Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo y se prepara para la Iniciativa de Inversión de Futuro, el foro conocido como el “Davos del desierto”. Sin embargo, los ataques hutíes contra el aeropuerto Rey Khalid han desplazado el foco: la cuestión ya no es solo qué ofrece Arabia Saudí a inversores y ejecutivos, sino si puede proteger los espacios de los que depende esa apertura.
La semana pasada se registraron al menos cuatro ataques contra el aeródromo. El más grave dejó, según la información disponible, una docena de muertos y más de 300 heridos; el último, ocurrido el domingo, causó una muerte y coincidió con el cierre del aeropuerto. Lufthansa, Air France y KLM cancelaron vuelos, y Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos al país. La ausencia anunciada de los máximos responsables de ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Chevron y BP en el congreso del WPC muestra cómo una amenaza localizada puede alterar rápidamente agendas empresariales internacionales.
Una guerra que desborda el frente yemení
La vulnerabilidad actual tiene raíces en la guerra de Yemen, donde Arabia Saudí combate a los hutíes junto al Gobierno reconocido internacionalmente. El conflicto, iniciado hace más de una década, no ha producido una derrota concluyente de los insurgentes. Al contrario, los hutíes han conservado capacidad para lanzar misiles y drones contra objetivos más allá del frente, convirtiendo la profundidad territorial saudí en una extensión de la zona de riesgo.
Ese alcance cambia la naturaleza del conflicto. Una infraestructura como el aeropuerto de Riad no es únicamente un objetivo militar: sostiene el tránsito de personas, la actividad diplomática y la circulación de ejecutivos que el reino necesita para diversificar su economía. El año pasado pasaron por Rey Khalid casi 41 millones de pasajeros. Cuando un ataque interrumpe ese flujo, sus efectos se propagan a hoteles, transporte, reuniones y decisiones de viaje, incluso si el daño físico se limita a una instalación.
La presión resulta especialmente sensible porque la estrategia saudí de transformación económica depende de proyectar previsibilidad. Los grandes foros no son simples ceremonias: sirven para cerrar acuerdos, captar capital y presentar al país como un centro estable de negocios. La cancelación de vuelos y la retirada de directivos no demuestran por sí solas una fuga de inversiones, pero sí elevan el coste de evaluar proyectos y obligan a las empresas a incorporar riesgos de seguridad en sus planes.
El límite de la superioridad militar
Arabia Saudí destinó el año pasado unos 83.100 millones de dólares a defensa, el 6,5% de su PIB, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Una parte sustancial de su capacidad depende de armamento y tecnología estadounidenses. La compra acordada de 48 cazas F-35 por 24.300 millones de dólares expresa la ambición de reforzar esa relación y adquirir sistemas avanzados. Pero los ataques recientes plantean una distinción esencial: disponer de equipos sofisticados no equivale a poder cubrir de manera continua un territorio amplio frente a amenazas numerosas y relativamente baratas.
La defensa aérea exige radares, coordinación, personal entrenado y munición suficiente. Interceptar cada dron o misil puede ser mucho más caro que lanzarlo, y la disponibilidad de interceptores se vuelve crítica cuando varios frentes demandan recursos a la vez. Según informaciones atribuidas al Wall Street Journal, oficiales saudíes reconocen que las reservas antimisiles disminuyen y que no alcanzan para proteger todo el país. Si esa escasez se confirma, el problema no sería un fallo aislado de detección, sino una brecha entre la escala de la amenaza y la capacidad de sostener la respuesta.
La guerra de Irán agrava esa presión al competir por municiones y atención militar. En un entorno regional con ataques simultáneos, los sistemas defensivos pueden verse obligados a priorizar bases, instalaciones energéticas y centros urbanos. Esa asignación deja zonas expuestas y hace más difícil anticipar qué objetivo será protegido. La supuesta necesidad del príncipe heredero Mohamed bin Salman de trasladarse entre búnkeres, recogida por las mismas fuentes periodísticas, ilustra hasta qué punto la inseguridad puede alcanzar el núcleo político, aunque no permita por sí sola medir la capacidad real de defensa saudí.
El dilema entre represalia y negociación
Riad dispone de dos vías imperfectas. Intensificar la campaña en Yemen podría aumentar la presión sobre los hutíes, pero no garantiza que abandonen sus ataques; también puede provocar represalias contra refinerías, bases y nodos de transporte. Una escalada tendría además un coste material y diplomático, y podría mantener al reino atado a una guerra sin resultado decisivo.
Negociar ofrece la posibilidad de reducir la amenaza inmediata, pero puede exigir concesiones difíciles y dejar a los insurgentes con capacidad para volver a presionar en el futuro. El dilema no se resuelve midiendo únicamente la fuerza de cada bando: depende de si un acuerdo puede verificarse, de qué garantías existen para proteger infraestructuras y de si las partes consideran que la contención les aporta más que la continuación de los ataques.
Washington también pesa en ese cálculo. Estados Unidos es el principal proveedor militar saudí, pero el texto describe una administración reacia a implicarse directamente en el conflicto. Esa distancia revela un límite de la alianza: la compra de armamento no asegura automáticamente respaldo operativo en cada crisis. Para Riad, la dependencia externa puede acelerar la adquisición de sistemas, pero también dejar en evidencia la necesidad de desarrollar reservas, mantenimiento y coordinación propios.
La seguridad como condición económica
Los efectos no se limitan a los mercados de aviación o a la agenda del congreso petrolero. Si los ataques alcanzan repetidamente instalaciones energéticas, aumentan los riesgos de interrupciones de suministro y de volatilidad en los precios, aunque el impacto final dependerá de los daños, la duración de los cierres y la reacción de otros productores. Las empresas, por su parte, pueden posponer viajes y reuniones antes de cancelar inversiones: esa cautela reduce actividad y encarece proyectos que requieren presencia física y compromisos prolongados.
El episodio también pone a prueba la credibilidad de la modernización saudí. La inversión en defensa puede disuadir adversarios y proteger activos, pero no sustituye a una estrategia que combine prevención, resiliencia de infraestructuras y salida política del conflicto. Mientras Riad no logre reducir la capacidad hutí de atacar y asegurar que sus instalaciones esenciales seguirán operativas, cada foro internacional llegará acompañado de una pregunta incómoda: cuánto riesgo están dispuestos a asumir quienes el reino quiere atraer.