El excanciller Álvaro Leyva afirmó que no le sorprendería que Gustavo Petro terminara en prisión en Estados Unidos, al referirse a supuestas investigaciones que, según dijo, estarían avanzando contra el expresidente colombiano. La declaración fue entregada durante una entrevista con El Debate, de SEMANA, y no estuvo acompañada de detalles sobre los expedientes, las autoridades involucradas ni los delitos concretos que podrían ser objeto de pesquisa.
Una advertencia sin expediente público identificado
Leyva sostuvo que en Estados Unidos existen denuncias relacionadas con presuntos delitos cometidos frente a normas de ese país. “Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas”, señaló, antes de pedir que se esperen los acontecimientos. También mencionó que existen antecedentes internacionales de antiguos mandatarios que han enfrentado consecuencias judiciales fuera de sus países.
La precisión es importante: una denuncia, una investigación preliminar y una acusación formal son etapas distintas. El señalamiento del exministro, tal como fue presentado, no permite establecer que Petro haya sido imputado, citado por una fiscalía estadounidense o vinculado oficialmente a un proceso penal. Tampoco identifica cuál sería la conducta investigada ni si tendría relación con decisiones adoptadas durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, su actividad política o su periodo presidencial.
El contexto que volvió explosiva la declaración
La advertencia llega después de una ruptura política entre Leyva y Petro. El excanciller, que durante años fue considerado uno de los aliados más cercanos del mandatario, dejó el cargo en febrero de 2024, en medio de cuestionamientos e investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. Desde entonces, sus pronunciamientos contra el jefe de Estado se han vuelto cada vez más severos.
En abril de 2025, Leyva aseguró en una carta publicada en la red X que Petro tenía un problema de drogadicción. Relató que, durante una visita oficial a París en octubre de 2023, el entonces presidente habría desaparecido durante dos días y afirmó que allí pudo confirmar un supuesto consumo de drogas. El exministro no presentó pruebas públicas para respaldar esa acusación.
Petro respondió que había sido calumniado. Explicó que durante ese periodo estuvo con su hija y sus nietos, y recordó que una visita oficial de un jefe de Estado cuenta con protección permanente del servicio secreto francés. El presidente también afirmó que su única adicción era el café y utilizó, en tono irónico, la expresión “adicto al amor”. La controversia terminó trasladándose del ámbito personal al debate sobre la capacidad del mandatario para ejercer sus funciones.
Acusaciones personales y disputa institucional
La oposición llegó a pedir en el Congreso que Petro se sometiera a exámenes toxicológicos y psiquiátricos para determinar si estaba en condiciones de gobernar. Las frecuentes llegadas tarde a eventos oficiales y algunos episodios públicos fueron utilizados como argumentos políticos, aunque esas circunstancias, por sí solas, no prueban consumo de sustancias ni una incapacidad legal o médica.
En la misma carta, Leyva aludió a un colaborador muy cercano al presidente que supuestamente consumía cocaína. La referencia fue interpretada como un mensaje dirigido a Armando Benedetti, actual ministro del Interior y uno de los principales operadores políticos del Gobierno. Benedetti ha reconocido que en el pasado tuvo problemas con sustancias ilícitas y que recibió tratamiento, pero ese antecedente tampoco demuestra que haya participado en una conducta delictiva relacionada con Petro.
Lo que está realmente en juego
La declaración sobre una eventual cárcel en Estados Unidos debe leerse dentro de una confrontación política que mezcla denuncias personales, desacuerdos sobre la gestión presidencial y cuestionamientos judiciales. Su impacto no depende únicamente de que exista o no una investigación, sino de la capacidad de una afirmación pública para instalar la idea de culpabilidad antes de que haya información verificable sobre un proceso.
Estados Unidos puede investigar hechos con efectos en su jurisdicción, operaciones financieras, violaciones a sus leyes o conductas cometidas por extranjeros bajo determinadas condiciones. Sin embargo, la existencia de competencia potencial no equivale a una condena. Para que una amenaza penal se convierta en un caso concreto tendrían que aparecer documentos oficiales, una actuación de una autoridad competente y elementos que permitan conocer los hechos atribuidos y la relación específica del investigado con ellos.
Por ahora, la información disponible se limita a la advertencia de Leyva y a su referencia general a denuncias en territorio estadounidense. El alcance político de sus palabras es claro, pero su alcance jurídico permanece indeterminado. La diferencia entre ambos planos será decisiva: mientras no se conozcan actuaciones formales, cualquier pronóstico sobre una eventual prisión de Petro pertenece al terreno de la especulación y no al de una conclusión judicial.