Emmanuel Macron afronta los últimos meses de su mandato con un balance muy alejado de la promesa que lo llevó al Palacio del Elíseo en 2017. El presidente que se presentó como el rostro de una Francia renovada ha terminado atrapado entre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y una sucesión de conflictos sociales. La crisis no responde a un solo episodio: se ha construido durante años a partir de decisiones impopulares, shocks externos y una creciente distancia entre el Ejecutivo y amplios sectores de la población.
Del entusiasmo de 2017 a la fractura de los “chalecos amarillos”
El primer gran quiebre llegó apenas un año después de su elección. El 17 de octubre de 2018, miles de franceses salieron a las calles para protestar contra el coste de vida y contra el aumento de los impuestos sobre la gasolina y el diésel. El Gobierno defendía la medida como parte de la transición ecológica, pero su impacto recaía especialmente sobre trabajadores de zonas rurales y ciudades secundarias, donde el automóvil no es una opción prescindible, sino una necesidad cotidiana.
La movilización de los “chalecos amarillos” se prolongó durante 18 meses y reveló una contradicción central del proyecto macronista: una política diseñada para modernizar la economía podía ser percibida como una carga adicional por quienes ya tenían menos margen. La violencia de algunos enfrentamientos, la respuesta policial y la extensión territorial de las protestas deterioraron la imagen presidencial. Más que una disputa fiscal, el movimiento expresó la sensación de que las reformas se decidían desde París sin comprender las condiciones materiales de buena parte del país.
Después llegaron nuevas confrontaciones. La Ley de Seguridad Global, que ampliaba las facultades policiales y restringía la difusión de imágenes de las protestas, alimentó el temor a un retroceso de las libertades públicas. Pero el conflicto decisivo fue la reforma de las pensiones. En 2023, el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años unió a sindicatos, trabajadores y sectores que rara vez participan juntos en una protesta sostenida. La insistencia de Macron en que la reforma era “necesaria” no logró neutralizar la percepción de que el coste del ajuste recaía principalmente sobre los ciudadanos.
La inflación convirtió el malestar en una experiencia diaria
Los conflictos sociales adquirieron una dimensión más profunda porque coincidieron con una erosión persistente del poder adquisitivo. Cuando Macron llegó al poder, la inflación anual rondaba el 1%. En 2022 alcanzó el 5,3%, en medio de la crisis energética y de las alteraciones económicas provocadas por la pandemia. Aunque posteriormente se moderó hasta el 3,1%, los precios no regresaron a los niveles anteriores: según los datos citados del INSEE, aumentaron aproximadamente un 19,6% entre 2017 y 2025.
La diferencia se percibe con claridad en la compra cotidiana. Una cesta que costaba alrededor de 100 euros en 2017 pasó a ser, de media, unos 20 euros más cara. La pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la guerra con Irán explican parte de esta evolución y evitan atribuir toda la responsabilidad al Gobierno francés. Sin embargo, la crítica sindical apunta a un problema político concreto: los salarios y las ayudas sociales no crecieron al mismo ritmo que los bienes esenciales. La moderación de la inflación, por tanto, no equivale a una recuperación del bienestar perdido.
Ese desfase explica por qué protestas aparentemente distintas terminan conectadas. El impuesto sobre los carburantes, las pensiones y la precariedad educativa remiten a una misma pregunta: quién paga el coste de la transformación económica. Mientras el Ejecutivo reclama sacrificios para preservar las cuentas públicas, muchos ciudadanos sienten que las reformas no ofrecen una protección equivalente frente al encarecimiento de la vida.
El ajuste fiscal estrecha el margen del próximo presidente
La presión social se combina con un deterioro de las finanzas públicas que limita las alternativas. El déficit superó el 6% del producto interior bruto en 2024, el doble del límite europeo, mientras la deuda pública alcanzó el 115,7% a finales de ese año. En el proyecto presupuestario de 2025, el Gobierno planteó un ajuste cercano a 60.000 millones de euros mediante recortes del gasto y aumentos de ingresos fiscales.
El problema es que la disciplina presupuestaria llega cuando los servicios públicos muestran más grietas. La nueva movilización del sector educativo, iniciada en un instituto de Saint-Denis y extendida después a otras ciudades, refleja que la austeridad no se vive como una abstracción contable. Se traduce en plantillas insuficientes, mayor precariedad y la percepción de que el Estado exige más a sus empleados mientras reduce su capacidad de respuesta.
Un legado difícil de heredar
El desgaste queda reflejado en el barómetro de Ifop publicado el 19 de octubre de 2026: solo el 17% de los encuestados se declara satisfecho con la actuación de Macron, frente a un 56% que afirma estar muy descontento. La cifra no determina por sí sola el resultado electoral, pero sí define el terreno en el que tendrá que competir Édouard Philippe si aspira a prolongar la experiencia política del macronismo.
El desafío excede la impopularidad personal del presidente. La derecha conservadora debe defender un balance marcado por la deuda, el encarecimiento de la vida y la conflictividad social, mientras Marine Le Pen se beneficia de la frustración acumulada. Macron llegó prometiendo modernizar Francia y sanear el Estado; abandona el tramo final de su mandato dejando una sociedad más polarizada y un debate público dominado por la seguridad económica. Su principal fracaso no consiste en haber enfrentado crisis imprevistas, sino en no haber conseguido que la mayoría percibiera las reformas como una vía de progreso compartido.