Marsella afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones con un dispositivo de seguridad reforzado hasta los 2.000 agentes. La Policía Nacional teme que la manifestación sindical, autorizada finalmente tras varias horas de tensión institucional, vuelva a coincidir con saqueos y enfrentamientos como los registrados el fin de semana pasado. La ciudad estará protegida además por militares de la operación Sentinelle, aunque su misión se limitará a vigilar edificios públicos y no a patrullar las calles.
La movilización comenzará a las 14.00 horas y estará encabezada por la Confederación General de los Trabajadores (CGT). La protesta reúne el rechazo a la reforma del sistema educativo, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. El problema para las autoridades no es únicamente controlar el recorrido previsto, sino evitar que la concentración sea utilizada como cobertura por grupos decididos a saquear comercios o provocar disturbios.
Una ciudad preparada para dos escenarios
“Este sábado pueden pasar dos cosas: o no pasa nada, o la situación se desmadra”, resumen dos agentes consultados en Marsella. La frase refleja la incertidumbre con la que las fuerzas de seguridad afrontan una jornada en la que cualquier incidente puede alterar rápidamente el equilibrio. El fin de semana anterior dejó 100 detenidos y alrededor de 500 establecimientos saqueados en la ciudad, el 16,7% del total nacional contabilizado durante aquellos disturbios.
Fuentes policiales admiten que entonces se perdió el control de la ciudad y que la plantilla disponible resultó insuficiente para responder de forma simultánea en varios puntos. El refuerzo anunciado por el ministro del Interior, Laurent Núñez, pretende corregir esa dispersión. Habrá más unidades de las Compañías Republicanas de Seguridad, conocidas como CRS, y una presencia visible de agentes armados en las principales zonas comerciales.
Desde primera hora se han desplegado hileras de furgones policiales, mientras varios camiones de bomberos han tomado posiciones en los alrededores de la rue de Canebière. También circulan vehículos del Ejército por algunas calles. Los militares no ejercerán funciones de control directo sobre los manifestantes: protegerán la Prefectura y el Ayuntamiento, dos edificios considerados sensibles después de que este último fuera asaltado por vándalos durante los disturbios anteriores.
El permiso llegó después de una disputa política
La operación de seguridad se ha construido sobre una decisión administrativa que estuvo a punto de impedir la protesta. Las autoridades regionales habían prohibido inicialmente todas las manifestaciones convocadas para este sábado. La presión de los sindicatos desbloqueó ayer un permiso limitado para celebrar el llamado “acto II”, aunque la autorización no elimina las restricciones al derecho de reunión ni la preocupación por el comportamiento de grupos ajenos a la convocatoria.
La disputa muestra la dificultad de las instituciones para equilibrar dos obligaciones que hoy chocan en Marsella: garantizar la expresión pública del malestar social y proteger a comerciantes, vecinos y servicios esenciales. Prohibir la marcha podía reducir el riesgo inmediato en las calles, pero también podía alimentar la percepción de que las autoridades responden a la crisis mediante la limitación de derechos. Autorizarla obliga, en cambio, a asumir un coste operativo y político mucho mayor.
Comercios cerrados y una estrategia de contención
La reacción de los comerciantes evidencia hasta qué punto la violencia del fin de semana pasado ha modificado la vida cotidiana. La mayoría de los establecimientos de la ciudad han amanecido protegidos con cierres y medidas de blindaje. Los pocos locales del centro que han abierto cuentan con vigilantes privados en sus accesos, una fórmula que el ministro del Interior había recomendado a los comerciantes de París y que ahora se repite en Marsella.
El despliegue militar en los edificios públicos responde a una lógica precisa: liberar a los policías para que se concentren en las calles. Si la Prefectura y el Ayuntamiento quedan bajo protección de las Fuerzas Armadas, las unidades antidisturbios podrán intervenir con mayor rapidez en los ejes comerciales y en el perímetro de la manifestación. La estrategia, sin embargo, depende de que los incidentes no se multipliquen al mismo tiempo en barrios distintos.
El dilema de la fuerza policial
Xavier, uno de los agentes movilizados para este sábado, no estuvo en primera línea durante los disturbios anteriores. Los siguió por televisión y redes sociales. Ahora se encuentra frente a la Prefectura, uno de los puntos más vigilados porque está previsto que la marcha pase junto al edificio. Considera necesario el refuerzo, especialmente porque Marsella sufre de forma habitual una falta de efectivos, y advierte de que grupos violentos procedentes de la periferia podrían desplazarse de nuevo hacia el centro.
Pero las fuentes policiales señalan que el mayor riesgo no reside solamente en la llegada de vándalos. La situación puede deteriorarse cuando coinciden quienes buscan saquear con una respuesta policial intensa, basada en gases lacrimógenos, granadas aturdidoras u otros medios antidisturbios. En ese punto aparece la principal contradicción del dispositivo: los agentes necesitan capacidad para recuperar el control, pero temen que el uso de la fuerza desemboque en procedimientos judiciales.
La jornada pondrá a prueba algo más que la capacidad de la Policía para contener una manifestación. También medirá si las autoridades pueden recuperar el control de una ciudad golpeada por la violencia sin convertir cada protesta en una operación excepcional. Los 2.000 agentes ofrecen una respuesta inmediata a la emergencia, pero no resuelven la carencia estructural de efectivos ni la desconfianza acumulada entre instituciones, comerciantes y ciudadanos. El resultado dependerá tanto de lo que ocurra en las calles como de la forma en que se gestione el límite entre seguridad y derecho de reunión.