Menos frijoles, más dependencia: la brecha agrícola que Cienfuegos no logra cerrarCienfuegos ha recolectado 2.462 toneladas de frijoles, frente a las 8.430 de 2019: una diferencia de 70,8% respecto del año que marcó su récord. El maíz también retrocede, con 7.080 toneladas frente a 15.033, una caída de 52,9%. Las cifras, divulgadas durante una visita del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, describen una campaña aún en curso; no equivalen, por tanto, a un cierre definitivo. Pero sí muestran una distancia considerable frente a los resultados que las autoridades invocan como referencia.La brecha importa más allá de la contabilidad provincial. Los frijoles son un alimento básico, y una cosecha insuficiente repercute a la vez en el abastecimiento, los precios y la dependencia de importaciones. El caso cienfueguero permite observar un problema nacional: producir menos no parece ser una anomalía aislada, sino parte de un deterioro que las exhortaciones a sembrar más todavía no han revertido.Sembrar más no basta si no se sabe cuánto rinde cada hectáreaEn la campaña actual se sembraron 1.887 hectáreas de frijol y 2.600 de maíz. Sin embargo, la información oficial no precisa qué superficie ya fue cosechada ni permite calcular los rendimientos. Esa omisión limita la posibilidad de evaluar el avance con rigor: una cifra total de producción, sin calendario, área cosechada ni comparación de productividad, no distingue entre una campaña tardía, una pérdida de rendimiento o una contracción efectiva de la superficie útil.La diferencia no es técnica solamente. Si la respuesta institucional consiste en ampliar las siembras sin identificar qué frena la producción por hectárea, se corre el riesgo de movilizar tierra, trabajo e insumos escasos sin asegurar más alimentos. La productividad depende de una cadena: semillas, fertilizantes, pesticidas, agua, equipos, transporte y remuneración. Los agricultores de la provincia ya denunciaban escasez de insumos, precios estatales bajos y demoras en los pagos. Pedirles más superficie sin resolver esas condiciones traslada a los productores el peso de una recuperación que no controlan por completo.La serie nacional refuerza esa lectura. Cuba produjo 161.513 toneladas de frijoles en 2018; la cosecha bajó a 65.779 en 2020 y tocó un mínimo de 57.642 en 2021. La recuperación de 2022, con 69.193 toneladas, seguía 57% por debajo del nivel de cuatro años antes. No se trata, por tanto, de una caída explicable únicamente por la pandemia: los datos disponibles muestran un retroceso profundo y persistente, aunque no bastan por sí solos para atribuirlo a una causa única.La promesa de tierra choca con las condiciones de producciónValdés Mesa pidió entregar a los campesinos más eficientes toda la extensión que pudieran cultivar, “sin limitaciones”, y aprovechar más tierras, incluidas las vinculadas al grupo azucarero Azcuba. La propuesta reconoce que el acceso a suelo es una variable relevante; también deja planteada una contradicción. Si existen restricciones que impiden ampliar o usar plenamente las parcelas, quitarlas podría ayudar. Pero la tierra, por sí sola, no produce: necesita recursos, reglas previsibles y canales de comercialización que compensen el esfuerzo.La apelación a los productores eficientes introduce además una pregunta distributiva: ¿cómo se identificará esa eficiencia y quién asumirá los costos de ampliar la actividad? Una política que asigne más tierras puede elevar la producción si acompaña a quienes consiguen mejores resultados. Si no hay criterios transparentes, insumos suficientes y pagos oportunos, la selección corre el riesgo de premiar el acceso previo a recursos más que la capacidad productiva. Y si las restricciones administrativas persisten, la promesa de “sin limitaciones” puede convertirse en una consigna sin cambio operativo.En febrero, las autoridades provinciales anunciaron un programa agrícola para 2026 que incluía 1.183 toneladas de frijol, sin aclarar si se trataba de la meta total o de un incremento previsto. Ocho meses después, volvieron a pedir más siembras, pero sin publicar un balance detallado de rendimientos ni de obstáculos. La falta de precisión debilita la rendición de cuentas: sin metas comparables, calendario y resultados, productores y consumidores no pueden distinguir entre un objetivo incumplido, una cifra parcial y un cambio real de estrategia.El precio revela el costo social del déficitLa disminución de la oferta local se traduce en presión sobre el bolsillo. En abril de 2024, los frijoles negros costaban 400 pesos la libra en el mercado de La Calzada, en Cienfuegos, y los colorados, 380. A finales de septiembre, 14ymedio encontró frijoles negros a 600 pesos en un mercado de La Habana y a 950 en otro establecimiento inaugurado en octubre. Son precios observados en lugares y momentos distintos, no una serie homogénea que permita medir por sí sola la evolución nacional; sí ilustran, no obstante, el alto costo que afrontan los consumidores.Para los hogares, el encarecimiento de un alimento básico reduce la capacidad de comprar otros productos y vuelve más frágil la dieta. Para los agricultores, el precio minorista elevado no garantiza ingresos mejores: entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor intervienen la compra estatal, los atrasos, los costos de insumos y los circuitos de distribución. Ahí está uno de los conflictos centrales: las autoridades necesitan asegurar alimentos asequibles, pero los precios pagados en origen deben permitir que sembrar y cosechar siga siendo viable. Si el productor asume costos crecientes mientras cobra poco y tarde, el incentivo para ampliar la superficie pierde fuerza.La dependencia exterior cubre parte del hueco, aunque no constituye una solución estable por sí sola. En 2024, Argentina exportó a Cuba más de 10.600 toneladas de frijoles, por 7,8 millones de dólares; sumados otros proveedores, las exportaciones identificadas en una categoría aduanera de frijoles secos superaron las 12.400 toneladas y los 11 millones de dólares. En 2025, los envíos argentinos cayeron a unas 4.648 toneladas, 56% menos que el año anterior, según registros comerciales de ese país. La variación evidencia que el abastecimiento importado también depende de disponibilidad, divisas y decisiones comerciales externas.Arroz y soya muestran que no es un problema de un solo cultivoLa vulnerabilidad se repite en el arroz. Cienfuegos reconoce un déficit anual de 1.600 toneladas para cubrir su demanda interna. El programa de arroz popular incorporó 121 productores y 580,8 hectáreas adicionales, pero no se informó qué volumen se espera obtener. A escala nacional, la producción pasó de 304.000 toneladas para consumo en 2018 a 80.000 en 2024; ese año, las importaciones sostuvieron toda la distribución del cereal por la canasta familiar normada. Incorporar productores y superficie puede ser un avance, pero sin metas de rendimiento y suministros disponibles no permite anticipar cuánto reducirá la dependencia.La soya, con apenas 58 hectáreas sembradas en Cienfuegos y un plan para sumar 250 en Horquita, plantea el mismo interrogante. La diversificación puede ampliar la oferta de alimentos y materias primas, pero multiplicar programas simultáneos también dispersa recursos si no se priorizan cultivos, zonas y capacidades. El plan anunciado para fin de año —con carnes, viandas y vegetales— tampoco especificó cantidades ni precios. En todos estos casos, la ausencia de volúmenes verificables hace difícil evaluar si se trata de una respuesta productiva o de una expectativa todavía sin respaldo operativo.La recuperación dependerá de señales verificablesSi las condiciones actuales no cambian, es razonable esperar que la producción siga expuesta a rendimientos bajos y que las compras externas continúen compensando parte de los déficits. El escenario podría mejorar si la expansión de tierras viene acompañada de insumos, pagos regulares, información pública por cultivo y acuerdos de comercialización previsibles. No hay base en las cifras divulgadas para afirmar que esa mejora ya esté en marcha: la cosecha de 2026 continúa y todavía faltan datos esenciales para juzgarla.El riesgo inmediato es que la exhortación a sembrar más genere compromisos que los productores no puedan cumplir, mientras los consumidores afrontan precios elevados y el Estado necesita destinar recursos a importaciones. También hay riesgo de medir el éxito por hectáreas incorporadas en vez de toneladas efectivamente cosechadas y entregadas. Una evaluación útil deberá publicar, como mínimo, superficie sembrada y cosechada, rendimiento, pérdidas, entregas al mercado y pagos recibidos por los agricultores.La recuperación de Cienfuegos no se resolverá con una cifra de siembra ni con la ampliación nominal de tierras. Su prueba será si la próxima cosecha reduce la distancia frente a los niveles anteriores, mejora el abastecimiento local y hace viable la producción para quienes trabajan el campo. Hasta que haya resultados comparables y condiciones que permitan sostenerlos, el descenso de los frijoles seguirá siendo tanto una crisis agrícola como una señal de vulnerabilidad alimentaria.

Menos frijoles, más dependencia: la brecha agrícola que Cienfuegos no logra cerrarCienfuegos ha recolectado 2.462 toneladas de frijoles, frente a las 8.430 de 2019: una diferencia de 70,8% respecto del año que marcó su récord. El maíz también retrocede, con 7.080 toneladas frente a 15.033, una caída de 52,9%. Las cifras, divulgadas durante una visita del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, describen una campaña aún en curso; no equivalen, por tanto, a un cierre definitivo. Pero sí muestran una distancia considerable frente a los resultados que las autoridades invocan como referencia.La brecha importa más allá de la contabilidad provincial. Los frijoles son un alimento básico, y una cosecha insuficiente repercute a la vez en el abastecimiento, los precios y la dependencia de importaciones. El caso cienfueguero permite observar un problema nacional: producir menos no parece ser una anomalía aislada, sino parte de un deterioro que las exhortaciones a sembrar más todavía no han revertido.Sembrar más no basta si no se sabe cuánto rinde cada hectáreaEn la campaña actual se sembraron 1.887 hectáreas de frijol y 2.600 de maíz. Sin embargo, la información oficial no precisa qué superficie ya fue cosechada ni permite calcular los rendimientos. Esa omisión limita la posibilidad de evaluar el avance con rigor: una cifra total de producción, sin calendario, área cosechada ni comparación de productividad, no distingue entre una campaña tardía, una pérdida de rendimiento o una contracción efectiva de la superficie útil.La diferencia no es técnica solamente. Si la respuesta institucional consiste en ampliar las siembras sin identificar qué frena la producción por hectárea, se corre el riesgo de movilizar tierra, trabajo e insumos escasos sin asegurar más alimentos. La productividad depende de una cadena: semillas, fertilizantes, pesticidas, agua, equipos, transporte y remuneración. Los agricultores de la provincia ya denunciaban escasez de insumos, precios estatales bajos y demoras en los pagos. Pedirles más superficie sin resolver esas condiciones traslada a los productores el peso de una recuperación que no controlan por completo.La serie nacional refuerza esa lectura. Cuba produjo 161.513 toneladas de frijoles en 2018; la cosecha bajó a 65.779 en 2020 y tocó un mínimo de 57.642 en 2021. La recuperación de 2022, con 69.193 toneladas, seguía 57% por debajo del nivel de cuatro años antes. No se trata, por tanto, de una caída explicable únicamente por la pandemia: los datos disponibles muestran un retroceso profundo y persistente, aunque no bastan por sí solos para atribuirlo a una causa única.La promesa de tierra choca con las condiciones de producciónValdés Mesa pidió entregar a los campesinos más eficientes toda la extensión que pudieran cultivar, “sin limitaciones”, y aprovechar más tierras, incluidas las vinculadas al grupo azucarero Azcuba. La propuesta reconoce que el acceso a suelo es una variable relevante; también deja planteada una contradicción. Si existen restricciones que impiden ampliar o usar plenamente las parcelas, quitarlas podría ayudar. Pero la tierra, por sí sola, no produce: necesita recursos, reglas previsibles y canales de comercialización que compensen el esfuerzo.La apelación a los productores eficientes introduce además una pregunta distributiva: ¿cómo se identificará esa eficiencia y quién asumirá los costos de ampliar la actividad? Una política que asigne más tierras puede elevar la producción si acompaña a quienes consiguen mejores resultados. Si no hay criterios transparentes, insumos suficientes y pagos oportunos, la selección corre el riesgo de premiar el acceso previo a recursos más que la capacidad productiva. Y si las restricciones administrativas persisten, la promesa de “sin limitaciones” puede convertirse en una consigna sin cambio operativo.En febrero, las autoridades provinciales anunciaron un programa agrícola para 2026 que incluía 1.183 toneladas de frijol, sin aclarar si se trataba de la meta total o de un incremento previsto. Ocho meses después, volvieron a pedir más siembras, pero sin publicar un balance detallado de rendimientos ni de obstáculos. La falta de precisión debilita la rendición de cuentas: sin metas comparables, calendario y resultados, productores y consumidores no pueden distinguir entre un objetivo incumplido, una cifra parcial y un cambio real de estrategia.El precio revela el costo social del déficitLa disminución de la oferta local se traduce en presión sobre el bolsillo. En abril de 2024, los frijoles negros costaban 400 pesos la libra en el mercado de La Calzada, en Cienfuegos, y los colorados, 380. A finales de septiembre, 14ymedio encontró frijoles negros a 600 pesos en un mercado de La Habana y a 950 en otro establecimiento inaugurado en octubre. Son precios observados en lugares y momentos distintos, no una serie homogénea que permita medir por sí sola la evolución nacional; sí ilustran, no obstante, el alto costo que afrontan los consumidores.Para los hogares, el encarecimiento de un alimento básico reduce la capacidad de comprar otros productos y vuelve más frágil la dieta. Para los agricultores, el precio minorista elevado no garantiza ingresos mejores: entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor intervienen la compra estatal, los atrasos, los costos de insumos y los circuitos de distribución. Ahí está uno de los conflictos centrales: las autoridades necesitan asegurar alimentos asequibles, pero los precios pagados en origen deben permitir que sembrar y cosechar siga siendo viable. Si el productor asume costos crecientes mientras cobra poco y tarde, el incentivo para ampliar la superficie pierde fuerza.La dependencia exterior cubre parte del hueco, aunque no constituye una solución estable por sí sola. En 2024, Argentina exportó a Cuba más de 10.600 toneladas de frijoles, por 7,8 millones de dólares; sumados otros proveedores, las exportaciones identificadas en una categoría aduanera de frijoles secos superaron las 12.400 toneladas y los 11 millones de dólares. En 2025, los envíos argentinos cayeron a unas 4.648 toneladas, 56% menos que el año anterior, según registros comerciales de ese país. La variación evidencia que el abastecimiento importado también depende de disponibilidad, divisas y decisiones comerciales externas.Arroz y soya muestran que no es un problema de un solo cultivoLa vulnerabilidad se repite en el arroz. Cienfuegos reconoce un déficit anual de 1.600 toneladas para cubrir su demanda interna. El programa de arroz popular incorporó 121 productores y 580,8 hectáreas adicionales, pero no se informó qué volumen se espera obtener. A escala nacional, la producción pasó de 304.000 toneladas para consumo en 2018 a 80.000 en 2024; ese año, las importaciones sostuvieron toda la distribución del cereal por la canasta familiar normada. Incorporar productores y superficie puede ser un avance, pero sin metas de rendimiento y suministros disponibles no permite anticipar cuánto reducirá la dependencia.La soya, con apenas 58 hectáreas sembradas en Cienfuegos y un plan para sumar 250 en Horquita, plantea el mismo interrogante. La diversificación puede ampliar la oferta de alimentos y materias primas, pero multiplicar programas simultáneos también dispersa recursos si no se priorizan cultivos, zonas y capacidades. El plan anunciado para fin de año —con carnes, viandas y vegetales— tampoco especificó cantidades ni precios. En todos estos casos, la ausencia de volúmenes verificables hace difícil evaluar si se trata de una respuesta productiva o de una expectativa todavía sin respaldo operativo.La recuperación dependerá de señales verificablesSi las condiciones actuales no cambian, es razonable esperar que la producción siga expuesta a rendimientos bajos y que las compras externas continúen compensando parte de los déficits. El escenario podría mejorar si la expansión de tierras viene acompañada de insumos, pagos regulares, información pública por cultivo y acuerdos de comercialización previsibles. No hay base en las cifras divulgadas para afirmar que esa mejora ya esté en marcha: la cosecha de 2026 continúa y todavía faltan datos esenciales para juzgarla.El riesgo inmediato es que la exhortación a sembrar más genere compromisos que los productores no puedan cumplir, mientras los consumidores afrontan precios elevados y el Estado necesita destinar recursos a importaciones. También hay riesgo de medir el éxito por hectáreas incorporadas en vez de toneladas efectivamente cosechadas y entregadas. Una evaluación útil deberá publicar, como mínimo, superficie sembrada y cosechada, rendimiento, pérdidas, entregas al mercado y pagos recibidos por los agricultores.La recuperación de Cienfuegos no se resolverá con una cifra de siembra ni con la ampliación nominal de tierras. Su prueba será si la próxima cosecha reduce la distancia frente a los niveles anteriores, mejora el abastecimiento local y hace viable la producción para quienes trabajan el campo. Hasta que haya resultados comparables y condiciones que permitan sostenerlos, el descenso de los frijoles seguirá siendo tanto una crisis agrícola como una señal de vulnerabilidad alimentaria.

Menos frijoles, más dependencia: la brecha agrícola que Cienfuegos no logra cerrar

Cienfuegos ha recolectado 2.462 toneladas de frijoles, frente a las 8.430 de 2019: una diferencia de 70,8% respecto del año que marcó su récord. El maíz también retrocede, con 7.080 toneladas frente a 15.033, una caída de 52,9%. Las cifras, divulgadas durante una visita del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, describen una campaña aún en curso; no equivalen, por tanto, a un cierre definitivo. Pero sí muestran una distancia considerable frente a los resultados que las autoridades invocan como referencia.

La brecha importa más allá de la contabilidad provincial. Los frijoles son un alimento básico, y una cosecha insuficiente repercute a la vez en el abastecimiento, los precios y la dependencia de importaciones. El caso cienfueguero permite observar un problema nacional: producir menos no parece ser una anomalía aislada, sino parte de un deterioro que las exhortaciones a sembrar más todavía no han revertido.

Sembrar más no basta si no se sabe cuánto rinde cada hectárea

En la campaña actual se sembraron 1.887 hectáreas de frijol y 2.600 de maíz. Sin embargo, la información oficial no precisa qué superficie ya fue cosechada ni permite calcular los rendimientos. Esa omisión limita la posibilidad de evaluar el avance con rigor: una cifra total de producción, sin calendario, área cosechada ni comparación de productividad, no distingue entre una campaña tardía, una pérdida de rendimiento o una contracción efectiva de la superficie útil.

La diferencia no es técnica solamente. Si la respuesta institucional consiste en ampliar las siembras sin identificar qué frena la producción por hectárea, se corre el riesgo de movilizar tierra, trabajo e insumos escasos sin asegurar más alimentos. La productividad depende de una cadena: semillas, fertilizantes, pesticidas, agua, equipos, transporte y remuneración. Los agricultores de la provincia ya denunciaban escasez de insumos, precios estatales bajos y demoras en los pagos. Pedirles más superficie sin resolver esas condiciones traslada a los productores el peso de una recuperación que no controlan por completo.

La serie nacional refuerza esa lectura. Cuba produjo 161.513 toneladas de frijoles en 2018; la cosecha bajó a 65.779 en 2020 y tocó un mínimo de 57.642 en 2021. La recuperación de 2022, con 69.193 toneladas, seguía 57% por debajo del nivel de cuatro años antes. No se trata, por tanto, de una caída explicable únicamente por la pandemia: los datos disponibles muestran un retroceso profundo y persistente, aunque no bastan por sí solos para atribuirlo a una causa única.

Menos frijoles, más dependencia: la brecha agrícola que Cienfuegos no logra cerrarCienfuegos ha recolectado 2.462 toneladas de frijoles, frente a las 8.430 de 2019: una diferencia de 70,8% respecto del año que marcó su récord. El maíz también retrocede, con 7.080 toneladas frente a 15.033, una caída de 52,9%. Las cifras, divulgadas durante una visita del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, describen una campaña aún en curso; no equivalen, por tanto, a un cierre definitivo. Pero sí muestran una distancia considerable frente a los resultados que las autoridades invocan como referencia.La brecha importa más allá de la contabilidad provincial. Los frijoles son un alimento básico, y una cosecha insuficiente repercute a la vez en el abastecimiento, los precios y la dependencia de importaciones. El caso cienfueguero permite observar un problema nacional: producir menos no parece ser una anomalía aislada, sino parte de un deterioro que las exhortaciones a sembrar más todavía no han revertido.Sembrar más no basta si no se sabe cuánto rinde cada hectáreaEn la campaña actual se sembraron 1.887 hectáreas de frijol y 2.600 de maíz. Sin embargo, la información oficial no precisa qué superficie ya fue cosechada ni permite calcular los rendimientos. Esa omisión limita la posibilidad de evaluar el avance con rigor: una cifra total de producción, sin calendario, área cosechada ni comparación de productividad, no distingue entre una campaña tardía, una pérdida de rendimiento o una contracción efectiva de la superficie útil.La diferencia no es técnica solamente. Si la respuesta institucional consiste en ampliar las siembras sin identificar qué frena la producción por hectárea, se corre el riesgo de movilizar tierra, trabajo e insumos escasos sin asegurar más alimentos. La productividad depende de una cadena: semillas, fertilizantes, pesticidas, agua, equipos, transporte y remuneración. Los agricultores de la provincia ya denunciaban escasez de insumos, precios estatales bajos y demoras en los pagos. Pedirles más superficie sin resolver esas condiciones traslada a los productores el peso de una recuperación que no controlan por completo.La serie nacional refuerza esa lectura. Cuba produjo 161.513 toneladas de frijoles en 2018; la cosecha bajó a 65.779 en 2020 y tocó un mínimo de 57.642 en 2021. La recuperación de 2022, con 69.193 toneladas, seguía 57% por debajo del nivel de cuatro años antes. No se trata, por tanto, de una caída explicable únicamente por la pandemia: los datos disponibles muestran un retroceso profundo y persistente, aunque no bastan por sí solos para atribuirlo a una causa única.La promesa de tierra choca con las condiciones de producciónValdés Mesa pidió entregar a los campesinos más eficientes toda la extensión que pudieran cultivar, “sin limitaciones”, y aprovechar más tierras, incluidas las vinculadas al grupo azucarero Azcuba. La propuesta reconoce que el acceso a suelo es una variable relevante; también deja planteada una contradicción. Si existen restricciones que impiden ampliar o usar plenamente las parcelas, quitarlas podría ayudar. Pero la tierra, por sí sola, no produce: necesita recursos, reglas previsibles y canales de comercialización que compensen el esfuerzo.La apelación a los productores eficientes introduce además una pregunta distributiva: ¿cómo se identificará esa eficiencia y quién asumirá los costos de ampliar la actividad? Una política que asigne más tierras puede elevar la producción si acompaña a quienes consiguen mejores resultados. Si no hay criterios transparentes, insumos suficientes y pagos oportunos, la selección corre el riesgo de premiar el acceso previo a recursos más que la capacidad productiva. Y si las restricciones administrativas persisten, la promesa de “sin limitaciones” puede convertirse en una consigna sin cambio operativo.En febrero, las autoridades provinciales anunciaron un programa agrícola para 2026 que incluía 1.183 toneladas de frijol, sin aclarar si se trataba de la meta total o de un incremento previsto. Ocho meses después, volvieron a pedir más siembras, pero sin publicar un balance detallado de rendimientos ni de obstáculos. La falta de precisión debilita la rendición de cuentas: sin metas comparables, calendario y resultados, productores y consumidores no pueden distinguir entre un objetivo incumplido, una cifra parcial y un cambio real de estrategia.El precio revela el costo social del déficitLa disminución de la oferta local se traduce en presión sobre el bolsillo. En abril de 2024, los frijoles negros costaban 400 pesos la libra en el mercado de La Calzada, en Cienfuegos, y los colorados, 380. A finales de septiembre, 14ymedio encontró frijoles negros a 600 pesos en un mercado de La Habana y a 950 en otro establecimiento inaugurado en octubre. Son precios observados en lugares y momentos distintos, no una serie homogénea que permita medir por sí sola la evolución nacional; sí ilustran, no obstante, el alto costo que afrontan los consumidores.Para los hogares, el encarecimiento de un alimento básico reduce la capacidad de comprar otros productos y vuelve más frágil la dieta. Para los agricultores, el precio minorista elevado no garantiza ingresos mejores: entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor intervienen la compra estatal, los atrasos, los costos de insumos y los circuitos de distribución. Ahí está uno de los conflictos centrales: las autoridades necesitan asegurar alimentos asequibles, pero los precios pagados en origen deben permitir que sembrar y cosechar siga siendo viable. Si el productor asume costos crecientes mientras cobra poco y tarde, el incentivo para ampliar la superficie pierde fuerza.La dependencia exterior cubre parte del hueco, aunque no constituye una solución estable por sí sola. En 2024, Argentina exportó a Cuba más de 10.600 toneladas de frijoles, por 7,8 millones de dólares; sumados otros proveedores, las exportaciones identificadas en una categoría aduanera de frijoles secos superaron las 12.400 toneladas y los 11 millones de dólares. En 2025, los envíos argentinos cayeron a unas 4.648 toneladas, 56% menos que el año anterior, según registros comerciales de ese país. La variación evidencia que el abastecimiento importado también depende de disponibilidad, divisas y decisiones comerciales externas.Arroz y soya muestran que no es un problema de un solo cultivoLa vulnerabilidad se repite en el arroz. Cienfuegos reconoce un déficit anual de 1.600 toneladas para cubrir su demanda interna. El programa de arroz popular incorporó 121 productores y 580,8 hectáreas adicionales, pero no se informó qué volumen se espera obtener. A escala nacional, la producción pasó de 304.000 toneladas para consumo en 2018 a 80.000 en 2024; ese año, las importaciones sostuvieron toda la distribución del cereal por la canasta familiar normada. Incorporar productores y superficie puede ser un avance, pero sin metas de rendimiento y suministros disponibles no permite anticipar cuánto reducirá la dependencia.La soya, con apenas 58 hectáreas sembradas en Cienfuegos y un plan para sumar 250 en Horquita, plantea el mismo interrogante. La diversificación puede ampliar la oferta de alimentos y materias primas, pero multiplicar programas simultáneos también dispersa recursos si no se priorizan cultivos, zonas y capacidades. El plan anunciado para fin de año —con carnes, viandas y vegetales— tampoco especificó cantidades ni precios. En todos estos casos, la ausencia de volúmenes verificables hace difícil evaluar si se trata de una respuesta productiva o de una expectativa todavía sin respaldo operativo.La recuperación dependerá de señales verificablesSi las condiciones actuales no cambian, es razonable esperar que la producción siga expuesta a rendimientos bajos y que las compras externas continúen compensando parte de los déficits. El escenario podría mejorar si la expansión de tierras viene acompañada de insumos, pagos regulares, información pública por cultivo y acuerdos de comercialización previsibles. No hay base en las cifras divulgadas para afirmar que esa mejora ya esté en marcha: la cosecha de 2026 continúa y todavía faltan datos esenciales para juzgarla.El riesgo inmediato es que la exhortación a sembrar más genere compromisos que los productores no puedan cumplir, mientras los consumidores afrontan precios elevados y el Estado necesita destinar recursos a importaciones. También hay riesgo de medir el éxito por hectáreas incorporadas en vez de toneladas efectivamente cosechadas y entregadas. Una evaluación útil deberá publicar, como mínimo, superficie sembrada y cosechada, rendimiento, pérdidas, entregas al mercado y pagos recibidos por los agricultores.La recuperación de Cienfuegos no se resolverá con una cifra de siembra ni con la ampliación nominal de tierras. Su prueba será si la próxima cosecha reduce la distancia frente a los niveles anteriores, mejora el abastecimiento local y hace viable la producción para quienes trabajan el campo. Hasta que haya resultados comparables y condiciones que permitan sostenerlos, el descenso de los frijoles seguirá siendo tanto una crisis agrícola como una señal de vulnerabilidad alimentaria.

La promesa de tierra choca con las condiciones de producción

Valdés Mesa pidió entregar a los campesinos más eficientes toda la extensión que pudieran cultivar, “sin limitaciones”, y aprovechar más tierras, incluidas las vinculadas al grupo azucarero Azcuba. La propuesta reconoce que el acceso a suelo es una variable relevante; también deja planteada una contradicción. Si existen restricciones que impiden ampliar o usar plenamente las parcelas, quitarlas podría ayudar. Pero la tierra, por sí sola, no produce: necesita recursos, reglas previsibles y canales de comercialización que compensen el esfuerzo.

La apelación a los productores eficientes introduce además una pregunta distributiva: ¿cómo se identificará esa eficiencia y quién asumirá los costos de ampliar la actividad? Una política que asigne más tierras puede elevar la producción si acompaña a quienes consiguen mejores resultados. Si no hay criterios transparentes, insumos suficientes y pagos oportunos, la selección corre el riesgo de premiar el acceso previo a recursos más que la capacidad productiva. Y si las restricciones administrativas persisten, la promesa de “sin limitaciones” puede convertirse en una consigna sin cambio operativo.

En febrero, las autoridades provinciales anunciaron un programa agrícola para 2026 que incluía 1.183 toneladas de frijol, sin aclarar si se trataba de la meta total o de un incremento previsto. Ocho meses después, volvieron a pedir más siembras, pero sin publicar un balance detallado de rendimientos ni de obstáculos. La falta de precisión debilita la rendición de cuentas: sin metas comparables, calendario y resultados, productores y consumidores no pueden distinguir entre un objetivo incumplido, una cifra parcial y un cambio real de estrategia.

El precio revela el costo social del déficit

La disminución de la oferta local se traduce en presión sobre el bolsillo. En abril de 2024, los frijoles negros costaban 400 pesos la libra en el mercado de La Calzada, en Cienfuegos, y los colorados, 380. A finales de septiembre, 14ymedio encontró frijoles negros a 600 pesos en un mercado de La Habana y a 950 en otro establecimiento inaugurado en octubre. Son precios observados en lugares y momentos distintos, no una serie homogénea que permita medir por sí sola la evolución nacional; sí ilustran, no obstante, el alto costo que afrontan los consumidores.

Para los hogares, el encarecimiento de un alimento básico reduce la capacidad de comprar otros productos y vuelve más frágil la dieta. Para los agricultores, el precio minorista elevado no garantiza ingresos mejores: entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor intervienen la compra estatal, los atrasos, los costos de insumos y los circuitos de distribución. Ahí está uno de los conflictos centrales: las autoridades necesitan asegurar alimentos asequibles, pero los precios pagados en origen deben permitir que sembrar y cosechar siga siendo viable. Si el productor asume costos crecientes mientras cobra poco y tarde, el incentivo para ampliar la superficie pierde fuerza.

La dependencia exterior cubre parte del hueco, aunque no constituye una solución estable por sí sola. En 2024, Argentina exportó a Cuba más de 10.600 toneladas de frijoles, por 7,8 millones de dólares; sumados otros proveedores, las exportaciones identificadas en una categoría aduanera de frijoles secos superaron las 12.400 toneladas y los 11 millones de dólares. En 2025, los envíos argentinos cayeron a unas 4.648 toneladas, 56% menos que el año anterior, según registros comerciales de ese país. La variación evidencia que el abastecimiento importado también depende de disponibilidad, divisas y decisiones comerciales externas.

Arroz y soya muestran que no es un problema de un solo cultivo

La vulnerabilidad se repite en el arroz. Cienfuegos reconoce un déficit anual de 1.600 toneladas para cubrir su demanda interna. El programa de arroz popular incorporó 121 productores y 580,8 hectáreas adicionales, pero no se informó qué volumen se espera obtener. A escala nacional, la producción pasó de 304.000 toneladas para consumo en 2018 a 80.000 en 2024; ese año, las importaciones sostuvieron toda la distribución del cereal por la canasta familiar normada. Incorporar productores y superficie puede ser un avance, pero sin metas de rendimiento y suministros disponibles no permite anticipar cuánto reducirá la dependencia.

La soya, con apenas 58 hectáreas sembradas en Cienfuegos y un plan para sumar 250 en Horquita, plantea el mismo interrogante. La diversificación puede ampliar la oferta de alimentos y materias primas, pero multiplicar programas simultáneos también dispersa recursos si no se priorizan cultivos, zonas y capacidades. El plan anunciado para fin de año —con carnes, viandas y vegetales— tampoco especificó cantidades ni precios. En todos estos casos, la ausencia de volúmenes verificables hace difícil evaluar si se trata de una respuesta productiva o de una expectativa todavía sin respaldo operativo.

La recuperación dependerá de señales verificables

Si las condiciones actuales no cambian, es razonable esperar que la producción siga expuesta a rendimientos bajos y que las compras externas continúen compensando parte de los déficits. El escenario podría mejorar si la expansión de tierras viene acompañada de insumos, pagos regulares, información pública por cultivo y acuerdos de comercialización previsibles. No hay base en las cifras divulgadas para afirmar que esa mejora ya esté en marcha: la cosecha de 2026 continúa y todavía faltan datos esenciales para juzgarla.

El riesgo inmediato es que la exhortación a sembrar más genere compromisos que los productores no puedan cumplir, mientras los consumidores afrontan precios elevados y el Estado necesita destinar recursos a importaciones. También hay riesgo de medir el éxito por hectáreas incorporadas en vez de toneladas efectivamente cosechadas y entregadas. Una evaluación útil deberá publicar, como mínimo, superficie sembrada y cosechada, rendimiento, pérdidas, entregas al mercado y pagos recibidos por los agricultores.

La recuperación de Cienfuegos no se resolverá con una cifra de siembra ni con la ampliación nominal de tierras. Su prueba será si la próxima cosecha reduce la distancia frente a los niveles anteriores, mejora el abastecimiento local y hace viable la producción para quienes trabajan el campo. Hasta que haya resultados comparables y condiciones que permitan sostenerlos, el descenso de los frijoles seguirá siendo tanto una crisis agrícola como una señal de vulnerabilidad alimentaria.