Morena retiró de la agenda de este jueves el predictamen de una nueva Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y modificará su entrada en vigor: en vez de aplicarse desde el proceso de 2027, regiría a partir de 2028. La iniciativa, impulsada por el diputado Víctor Hugo Lobo, busca sustituir la legislación procesal de 1996.
El punto más controvertido considera “cobertura informativa indebida” la difusión noticiosa que, en lugar de responder al ejercicio periodístico, forme parte de una estrategia publicitaria sistemática para influir en el voto. Aunque el texto protege columnas, editoriales, análisis y entrevistas que expresen genuinamente las posturas de sus autores, no precisa el criterio técnico para distinguir periodismo de propaganda. La indefinición deja abierta una disputa sobre cómo aplicar la norma sin afectar la libertad de prensa.
Reglas de nulidad
Para anular una elección, el proyecto exige acreditar irregularidades graves, intencionadas y determinantes; presume que una falta pudo alterar el resultado si la diferencia entre los primeros lugares es menor a cinco puntos. Para la elección presidencial fija tres causales: nulidad en al menos 25% de las casillas sin que pueda corregirse en recuentos, la no instalación de ese porcentaje de centros de votación o la inelegibilidad del candidato más votado. También impediría competir en la elección extraordinaria al aspirante responsable de la sanción.
El borrador fue distribuido con el proceso electoral en marcha, pese a los plazos constitucionales para cambios de fondo. Si se aprueba, abriría 180 días para que el Tribunal Electoral y el INE establezcan una plataforma digital de justicia electoral y para que los estados armonicen sus leyes. El aplazamiento reconoce la necesidad de ajustes, pero no resuelve la principal incógnita: cómo evitar que una regla contra la propaganda se convierta en un instrumento contra la cobertura periodística.