La Cámara de Diputados se prepara para debatir una reforma que busca fijar en 60 días el plazo máximo para iniciar el tratamiento contra el cáncer en instituciones públicas. La propuesta, impulsada por una alianza de 38 organizaciones civiles y aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud, pretende que la espera deje de depender de la capacidad circunstancial de cada unidad médica y se convierta en una obligación verificable del sistema.
Sesenta días: una meta que exige capacidad, no solo una norma
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, señaló que la iniciativa podría llegar al pleno desde el 15 de noviembre, antes del cierre del periodo ordinario, previsto para mediados de diciembre. El plazo plantea un estándar concreto, pero su cumplimiento dependerá de que haya personal, medicamentos y espacios disponibles para atender a quienes reciben un diagnóstico. Sin esos recursos, el límite legal podría registrar retrasos sin resolverlos.
La iniciativa prevé derivar a los pacientes a otra unidad cuando el centro de referencia no tenga capacidad para atenderlos. Esa medida vincula el derecho a empezar el tratamiento con una ruta de atención entre instituciones: no basta con identificar una demora, también se necesita una alternativa accesible y continuidad durante el traslado.
Un registro nacional para orientar las decisiones
Otro eje es transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta obligatoria de interés público. La propuesta busca reunir información sobre pacientes, diagnósticos y tratamientos para orientar políticas sanitarias, compras de medicamentos y acceso a medicina de precisión. Francisco Freiria, director general de Futeje, describió el objetivo como el paso de un registro estadístico a un sistema de control integral, con liderazgo técnico del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).
La brecha entre ese propósito y la situación actual es significativa: México aún enfrenta dificultades para consolidar un registro con cobertura poblacional suficiente, mientras el Incan contabiliza 96.210 muertes anuales por cáncer. Una base de datos completa no sustituye la atención clínica, pero permitiría conocer mejor dónde se concentran las necesidades y si los recursos llegan a los pacientes. Su utilidad dependerá de que la información sea consistente y se traduzca en decisiones y seguimiento.
La continuidad también protege frente a la discriminación
La reforma amplía el concepto de acceso más allá del inicio del tratamiento. Incluye medidas para evitar que la atención de pacientes con cáncer infantil se interrumpa al cumplir 18 años y propone el llamado “derecho al olvido oncológico”, destinado a impedir que quienes superaron la enfermedad sufran discriminación al solicitar productos financieros. Ambas disposiciones abordan consecuencias distintas de una enfermedad que puede afectar la vida médica y social durante años.
Las organizaciones promotoras también señalan la escasez de fármacos oncológicos, las deficiencias en la formación sanitaria y las desigualdades territoriales. En conjunto, esos problemas ponen a prueba la promesa de una atención integral, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta los cuidados paliativos, con independencia del lugar de residencia. La votación en el pleno será un paso decisivo, pero convertir los derechos propuestos en atención efectiva requerirá coordinación, recursos y mecanismos para comprobar que las interrupciones y demoras realmente disminuyen.