El Ayuntamiento de Naucalpan canceló el Servicio Facultativo de Seguridad, un esquema que permitía a vecinos de colonias residenciales contratar policías municipales para vigilar sus calles. La decisión cambia la asignación de esos agentes: el gobierno local busca que pasen a patrullar zonas populares. El anuncio pone en primer plano una cuestión de distribución de recursos públicos: dónde se concentra la presencia policial y bajo qué criterio se decide.
El fin de una vigilancia contratada por vecinos
Con el servicio cancelado, los residentes ya no podrán recurrir a ese mecanismo para disponer de policías municipales en calles restringidas. La medida no equivale, según la información disponible, a retirar toda protección de las colonias residenciales, sino a terminar una modalidad específica de vigilancia pagada por particulares y prestada por agentes del municipio. La distinción importa: el cambio afecta la forma de asignar personal, aunque no se detallaron medidas alternativas ni el alcance de la seguridad ordinaria en esas zonas.
Agentes trasladados hacia zonas populares
El propósito declarado es que los policías vigilen zonas populares. El movimiento responde a una prioridad territorial: dejar de reservar agentes para calles cuyos vecinos podían contratarlos y orientar esa capacidad hacia otros sectores del municipio. En términos de política de seguridad, reasignar personal puede ampliar la cobertura donde el gobierno considera que hace falta, pero su efecto dependerá de cuántos policías se liberen, a qué lugares se destinen y con qué frecuencia patrullen. Esos datos no fueron precisados en el anuncio.
La decisión abre preguntas sobre cobertura y rendición de cuentas
La cancelación también plantea cómo se medirá si el cambio mejora la vigilancia. Para valorar el resultado, sería necesario conocer la distribución previa de los agentes, los criterios con que se elegirán las zonas receptoras y los indicadores que utilizará el Ayuntamiento para evaluar la cobertura. Sin esa información, la reasignación expresa una orientación, pero todavía no permite establecer si reducirá brechas de atención o producirá una presencia sostenida en los barrios beneficiados.
El cambio enfrenta dos dimensiones de la seguridad municipal: la demanda de protección cercana en colonias residenciales y la necesidad de que los recursos policiales atiendan al conjunto de la población. Al cancelar el servicio facultativo, Naucalpan modifica quién podía acceder directamente a agentes municipales mediante contratación vecinal. El alcance público de la decisión dependerá ahora de que la nueva distribución sea transparente y de que el despliegue en zonas populares se traduzca en vigilancia efectiva, no solo en un traslado administrativo de policías.