Los fiscales generales de ocho estados de Estados Unidos demandaron a OpenAI por presuntas infracciones de las leyes de protección al consumidor y por exponer a menores a riesgos. Iowa, Arizona, Idaho, Nebraska y Virginia Occidental presentaron acciones junto con Arkansas, Kansas y Montana. El grupo incluye autoridades de ambos partidos.
Las demandas sostienen que la empresa continuó desarrollando sus productos pese a conocer la necesidad de más medidas de seguridad. Varias fiscalías advierten que usuarios han recurrido a ChatGPT para obtener instrucciones sobre autolesiones o suicidio y que algunos lograron eludir las salvaguardas del sistema. Arizona también cuestiona la falta de protecciones y transparencia ante el uso habitual del chatbot por menores.
Seguridad bajo escrutinio
OpenAI afirma que sus productos incorporan protecciones adaptadas a la edad y que seguirá trabajando en controles parentales y otras salvaguardas. ChatGPT está disponible para mayores de 13 años; quienes no han cumplido 18 necesitan permiso de un padre o tutor. El litigio pone a prueba si esos mecanismos bastan para cumplir las leyes estatales, en un contexto de creciente examen judicial sobre la responsabilidad de las empresas de IA ante daños relacionados con la salud mental.