Pacientes del Hospital General de Zona número 194 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen un bloqueo sobre la Avenida Gustavo Baz, en Naucalpan, para protestar por las condiciones en que reciben el servicio de hemodiálisis. La movilización, registrada este 22 de octubre de 2026, coloca en el centro del conflicto una decisión operativa que afecta directamente la rutina médica de personas que requieren tratamientos periódicos y continuos.
Una protesta que salió del hospital y llegó a la vialidad
El cierre se desarrolla afuera del propio nosocomio, una ubicación que no es menor: los pacientes eligieron el punto donde esperan recibir atención para hacer visible una inconformidad que, hasta ahora, se expresa tanto dentro del sistema hospitalario como en el espacio público. La Avenida Gustavo Baz es una de las principales arterias de la zona, por lo que el bloqueo convierte una demanda del ámbito sanitario en un problema de movilidad con impacto potencial para otros usuarios.
La protesta también revela el nivel de presión que puede alcanzar una disputa relacionada con servicios médicos especializados. Cuando los pacientes recurren a una interrupción vial, el reclamo deja de limitarse a la calidad percibida de la atención y adquiere una dimensión de urgencia: buscan que el IMSS explique las condiciones del servicio y responda por los cambios que motivaron su inconformidad. La presencia de los manifestantes frente al hospital permite identificar al centro de salud como el principal escenario de la demanda, aunque la resolución depende de decisiones administrativas y operativas del Instituto.
El traslado a Tlalnepantla, núcleo del reclamo
El punto más concreto de la inconformidad es el traslado de Naucalpan a Tlalnepantla para recibir los tratamientos de diálisis. Los pacientes cuestionan que una atención vinculada con su hospital de referencia se realice en otro municipio, una modificación que introduce tiempo de desplazamiento, dependencia del transporte y mayores dificultades para organizar la vida familiar alrededor de las sesiones médicas.
En un tratamiento como la hemodiálisis, el traslado no puede evaluarse únicamente como una distancia entre dos puntos. Cada desplazamiento supone coordinar horarios, acompañantes y recursos para llegar a una unidad en el momento indicado. Por eso, aunque la información disponible no detalla la duración de los recorridos ni las razones del cambio, el reclamo apunta a una consecuencia evidente: la continuidad del tratamiento queda condicionada por una logística externa al procedimiento médico.
La inconformidad no significa necesariamente que el servicio haya sido suspendido, pero sí señala que el lugar donde se presta se ha convertido en un factor de conflicto. Para los pacientes, la atención no se reduce a disponer de una sesión; también incluye la posibilidad de acceder a ella de forma regular, previsible y compatible con sus condiciones de salud. Esa diferencia explica por qué el traslado aparece como el principal eje de la protesta.
La continuidad médica depende también de la operación
La hemodiálisis exige regularidad. Las personas que dependen de este procedimiento no pueden tratar los cambios de sede como una modificación administrativa ordinaria, porque cualquier alteración puede afectar horarios, desplazamientos y la coordinación con el personal médico. El problema que plantean los manifestantes, por tanto, se ubica en la frontera entre la gestión hospitalaria y la seguridad de la atención: aun cuando exista capacidad técnica en la sede receptora, el acceso efectivo debe ser viable para quienes necesitan acudir de manera recurrente.
El caso del HGZ 194 muestra una tensión frecuente en los servicios públicos de salud. Las instituciones pueden reorganizar espacios o derivar pacientes para atender limitaciones operativas, pero esas decisiones tienen efectos concretos sobre quienes reciben tratamientos prolongados. La falta de información pública sobre el motivo del traslado deja abierta una pregunta central: si se trata de una medida temporal, una reubicación permanente o una respuesta a una contingencia específica. La duración y las condiciones del cambio son elementos indispensables para valorar su impacto.
La respuesta del IMSS será decisiva
La protesta plantea al IMSS dos obligaciones inmediatas: informar con claridad y garantizar que los pacientes no queden expuestos a interrupciones o incertidumbre. Una respuesta institucional eficaz tendría que precisar por qué se realizan los tratamientos en Tlalnepantla, durante cuánto tiempo se mantendrá la medida y qué apoyos existen para facilitar el traslado desde Naucalpan.
También será relevante determinar cómo se atenderá a quienes no puedan desplazarse con facilidad o enfrenten dificultades para cumplir los horarios. Mientras esos puntos permanezcan sin explicación, el bloqueo seguirá siendo la expresión visible de un problema más amplio: la distancia entre la organización del servicio y las necesidades cotidianas de sus usuarios. El conflicto comenzó con un traslado, pero su desenlace dependerá de que el sistema pueda demostrar que la reorganización preserva la continuidad, la accesibilidad y la certeza que exige un tratamiento indispensable.