Familiares de personas presas en Ciudad de México enfrentan cobros irregulares para que sus allegados accedan a servicios básicos y reciban visitas. Una investigación de Azteca Noticias documentó que dentro de penales se exige dinero incluso por usar el baño, un espacio que no debería tener costo.
La negativa a pagar puede derivar en golpes contra los internos, incluso por parte de custodios. Además, acceder a una visita familiar puede costar hasta 900 pesos. El testimonio citado en el reporte señala que a quienes ingresan les piden llevar alrededor de 2 mil pesos, una carga que amplía el impacto de la corrupción más allá de la persona encarcelada.
Los cobros convierten necesidades y derechos básicos en fuentes de presión económica para las familias. El reporte describe estas prácticas, pero no detalla cuántos centros están involucrados ni informa de medidas oficiales o investigaciones derivadas; por ello, su alcance total no queda establecido. La denuncia deja expuesta una vulnerabilidad: dentro de prisión, la falta de pago puede traducirse en violencia y limitar el contacto familiar.