Palmer Luckey, fundador de Anduril y asesor elegido para contribuir a un informe estadounidense sobre el futuro de la guerra, ha defendido que las ejecuciones sean públicas y brutales. Su argumento no se limita a una discusión sobre métodos penales: presenta la exhibición de la violencia estatal como garantía de transparencia y como respuesta a una supuesta normalización de ejecuciones “privadas y medicalizadas”. La controversia adquiere una dimensión mayor porque Luckey participa en un estudio sobre armamento automatizado e inteligencia artificial para el Ejército, mientras su empresa busca contratos de defensa.
La visibilidad no equivale a control
En un mensaje publicado en X, Luckey calificó las ejecuciones de ejemplo del monopolio estatal de la violencia y sostuvo que hacerlas visibles sería la única forma de impedir abusos. También describió como “natural” el regodeo ante la muerte de quienes, a su juicio, la merecen. La premisa merece escrutinio: que un acto sea público no demuestra que sea legítimo, proporcional ni sujeto a una supervisión independiente eficaz. La publicidad puede documentar el ejercicio del poder, pero también convertirlo en espectáculo y normalizarlo.
Luckey contrapone la horca, los pelotones de fusilamiento y la inyección letal, que considera una evolución distópica porque oculta la violencia. Sin embargo, la discreción de un procedimiento y la rendición de cuentas son cuestiones distintas. Una ejecución retransmitida puede mostrar el momento final sin revelar cómo se investigó el caso, qué recursos tuvo la persona condenada o si hubo errores judiciales. La transparencia sustantiva requiere expedientes accesibles, revisión imparcial y posibilidad de corregir decisiones; la exposición visual, por sí sola, no ofrece esas garantías.
El empresario invocó a George Washington como precedente favorable a las ejecuciones, pero esa referencia histórica no resuelve el debate contemporáneo: las normas penales y los estándares de derechos humanos han cambiado sustancialmente desde el siglo XVIII. El propio ejemplo exige contexto, pues Washington también defendió la esclavitud. Seleccionar una autoridad histórica sin considerar las instituciones y desigualdades de su época convierte la historia en argumento de legitimación, no en evidencia suficiente para una política actual.
Un asesor con intereses en el sector que evalúa
A finales de septiembre, el Departamento de Guerra anunció que Luckey participaría en la elaboración de “Proyecto Meridian: El futuro de la guerra”, un informe sobre el empleo militar de armamento automatizado y basado en IA. También fueron nombrados Elon Musk y Newt Gingrich. La presencia de empresarios tecnológicos puede aportar conocimiento sobre capacidades industriales, pero plantea una cuestión de gobernanza: Anduril y SpaceX aspiran a contratos vinculados a la modernización del Pentágono. No prueba que sus recomendaciones estén sesgadas; sí hace necesario que sus intereses sean declarados y que el proceso permita evaluar cómo se gestionan.
La tensión es concreta. Un informe que aconseje acelerar sistemas autónomos, ampliar presupuestos o reducir barreras de adquisición podría influir en un mercado del que participan empresas relacionadas con sus autores. Para las compañías, una mayor inversión militar en IA puede abrir oportunidades comerciales. Para el contribuyente, el riesgo es que la política pública termine reflejando las prioridades de proveedores con acceso privilegiado, en lugar de una comparación abierta entre alternativas, costes y consecuencias operativas.
La defensa del Pentágono también tiene un argumento atendible: necesita evaluar con rapidez tecnologías que otros Estados desarrollan y que podrían modificar la velocidad de detección y respuesta en combate. Pero la urgencia estratégica no elimina la necesidad de controles. En sistemas automatizados, importa quién fija los objetivos, qué nivel de intervención humana existe, cómo se registra una decisión y quién responde si el sistema causa daños. Sin esas respuestas, la velocidad puede convertirse en una forma de desplazar la responsabilidad, no de mejorar la defensa.
Del castigo retransmitido a la lógica del espectáculo
Las declaraciones coinciden con el anuncio atribuido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de retransmitir en directo el fusilamiento de un preso condenado por una matanza contra una base militar en 2009. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que esa retransmisión podría constituir una forma de tortura. La condena de un delito grave no suprime las obligaciones del Estado hacia las personas bajo su custodia, y la difusión pública añade una audiencia a un acto cuya legitimidad ya es objeto de controversia.
La transmisión puede presentarse como advertencia, demostración de autoridad o respuesta a la demanda de justicia de las víctimas. Pero el coste potencial recae también en familiares, personal penitenciario y espectadores, además de la persona ejecutada. Al convertir una pena irreversible en contenido, las autoridades podrían incentivar una política de comunicación basada en el impacto emocional. Eso no demuestra que la retransmisión vaya a producir más violencia, pero sí crea incentivos para que el Estado mida la eficacia del castigo por su capacidad de conmocionar.
Para quienes reclaman transparencia, el problema no es necesariamente que el poder se muestre, sino que el espectáculo sustituya a la supervisión. Una transmisión editada o limitada a un instante no permite verificar el proceso que llevó a la condena. Y si el objetivo es demostrar que el Estado controla la violencia, exhibirla puede transmitir el mensaje opuesto: que su capacidad de intimidar constituye por sí misma una justificación.
La guerra con IA exige reglas antes que consignas
El debate sobre ejecuciones no determina por sí mismo qué recomendará Proyecto Meridian, y no hay base para afirmar que Luckey vincule directamente ambos asuntos en el informe. La conexión relevante es institucional: quienes influyen en la definición de la guerra futura participan también en una discusión pública que presenta la violencia visible como expresión de orden. Esa retórica importa cuando el mismo entorno político debe decidir hasta dónde delegar decisiones letales en sistemas técnicos.
En los próximos años, la presión por incorporar IA a tareas de análisis, selección de objetivos y coordinación de armas probablemente crecerá junto con la competencia militar. El riesgo no depende solo de que una máquina actúe sin intervención humana. También puede surgir de recomendaciones automatizadas que aceleren una decisión, de datos defectuosos o de mandos que confíen demasiado en resultados que no pueden explicar. La responsabilidad deberá quedar asignada antes del despliegue, no después de un fallo.
La disputa sobre la retransmisión y el informe militar converge, así, en una misma pregunta: qué límites se impone el Estado cuando puede ejercer violencia con mayor alcance, velocidad y visibilidad. La transparencia necesita controles verificables, y la innovación defensiva necesita reglas de responsabilidad y revisión. Si ambos conceptos se reducen a demostrar fuerza, el público verá más violencia, pero sabrá menos sobre quién decidió, con qué pruebas y bajo qué garantías.