Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la demora en resolver una carpeta de investigación en la que aparece como víctima. Su defensa sostiene que el Ministerio Público aún no determina si ejercerá acción penal, pese al tiempo transcurrido.
La disputa se centra en la falta de definición
El recurso no identifica el objeto de la indagatoria ni a los posibles involucrados, debido a la reserva legal de las investigaciones penales. Tampoco precisa qué hecho originó el expediente ni cuál es exactamente la participación procesal de López Obrador. Esa falta de información impide valorar públicamente el fondo del caso, pero deja claro que el reclamo se dirige contra la omisión de la autoridad para fijar el rumbo de la investigación.
El nuevo amparo se suma a otro presentado en septiembre contra la Fiscalía General de la República. En ese expediente, iniciado en 2023, el exfuncionario reclamó la presunta inacción del titular de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, adscrita al Ministerio Público federal. Ambos recursos muestran que la controversia no se limita a una fiscalía: el punto central es la prolongada ausencia de una decisión sobre el ejercicio de la acción penal.
Un acuerdo del Órgano de Administración Judicial confirmó que López Obrador fue notificado electrónicamente sobre el estado del proceso capitalino, pero no aclaró si la demanda fue admitida ni si se concedió una medida cautelar. Mientras esos aspectos permanezcan sin definición, el amparo funcionará principalmente como mecanismo para exigir una respuesta formal de las fiscalías, sin anticipar culpabilidades ni revelar el contenido de las investigaciones.