El intento de atentado contra la base militar de Fairford, en la madrugada del 26 al 27 de septiembre, ha confirmado para el Gobierno británico la dimensión de la ofensiva encubierta de Irán en el Reino Unido. Cinco personas fueron detenidas junto a tres furgonetas atravesadas en la carretera de acceso y varios bidones de gasolina. El primer ministro atribuyó la operación a Teherán, mientras el MI5 sostiene que Irán ya es la principal amenaza para la seguridad británica después de Rusia.
La inteligencia interior británica ha frustrado más de veinte complots respaldados por Irán y ha detenido a más de cincuenta personas vinculadas a ellos durante el último año y medio. Los objetivos incluyen instalaciones militares, la comunidad judía y periodistas iraníes exiliados. La investigación de Fairford continúa abierta, pero el episodio revela un patrón que preocupa especialmente a Londres: la utilización de delincuentes comunes, jóvenes vulnerables y redes criminales para ejecutar acciones que permitan al régimen iraní mantener distancia operativa y negar su implicación.
Una advertencia calculada
Stuart Crawford, teniente coronel retirado del Ejército británico, considera que los detenidos en Fairford quizá no pretendían irrumpir en la base para causar daños materiales. A su juicio, el objetivo pudo ser enviar una amenaza, como la advertencia de una organización criminal a alguien que sabe dónde vive. Esa interpretación encaja con una estrategia de presión gradual: demostrar capacidad para acercarse a infraestructuras sensibles sin asumir necesariamente el coste político de un ataque de gran escala.
La actividad iraní no se limita a objetivos militares. En marzo, varios encapuchados incendiaron cuatro ambulancias de un servicio privado de emergencias en Golders Green, un barrio londinense con una importante población judía. Cuatro jóvenes fueron arrestados, aunque la policía antiterrorista y el MI5 mantienen abierta la investigación. El ataque se suma a una serie de operaciones dirigidas contra comunidades y personas consideradas hostiles a Teherán.
El reclutamiento de perfiles vulnerables
El caso de Daniel Abed Khalife ilustra el interés iraní por obtener acceso a información sensible. El exsoldado británico, de 22 años y con madre iraní, fue arrestado en 2023 acusado de recopilar datos de las Fuerzas Armadas, incluidos nombres de personal militar, para los servicios de inteligencia iraníes. Su perfil muestra que la amenaza puede aprovechar tanto vínculos familiares como el conocimiento directo de instituciones estratégicas.
Otros expedientes apuntan a una fórmula más rudimentaria y difícil de detectar: pagar a personas con antecedentes, problemas de adicción o necesidades económicas urgentes. Johannes Natland, ciudadano noruego de 18 años, fue detenido en marzo de 2025 en un hotel de Huddersfield con armas y munición. Según la acusación, había sido captado mediante Telegram o Signal por intermediarios relacionados con la red criminal sueca Foxtrot y había aceptado viajar al Reino Unido por 25.000 euros para matar a una persona cuya identidad no se ha hecho pública. Natland fue condenado a veinte años de prisión.
La conexión con Foxtrot es relevante porque Rawa Majid, líder de la organización y conocido como el “zorro kurdo”, se refugió en Irán en 2023 para escapar de una orden de detención internacional. Según las autoridades y expertos citados en la investigación, los servicios iraníes y la Guardia Revolucionaria le ofrecieron protección a cambio de poner la infraestructura de su red al servicio de atentados, sabotajes y labores de vigilancia en Europa.
Crimen organizado como brazo operativo
Los servicios iraníes parecen haber encontrado en el narcotráfico una reserva de colaboradores dispuestos a asumir riesgos que los agentes estatales evitarían. Anthony Glees, experto en seguridad e inteligencia de la Universidad de Buckingham, explica que las redes buscan a personas que necesitan dinero para sostener su adicción y que pueden ser manipuladas para cometer actos extremos.
Entre las estructuras señaladas figura la de Naji Sharifi Zindashti, un narcotraficante al que Teherán habría ofrecido refugio e impunidad. La red, vinculada al tráfico de opio y heroína procedentes de Afganistán, serviría también para organizar secuestros, atentados y asesinatos selectivos contra opositores iraníes en el extranjero. La externalización permite a Irán ampliar su radio de acción sin desplegar directamente a la Guardia Revolucionaria: si una operación fracasa, el régimen puede presentar el episodio como un conflicto entre bandas o una iniciativa individual.
Andrew Fox, comandante retirado del Ejército británico y analista del Henry Jackson Society, define esta práctica como una fórmula eficaz para negar responsabilidades. La dificultad para demostrar la cadena de mando complica la respuesta judicial y diplomática, especialmente cuando los ejecutores son ciudadanos europeos reclutados por aplicaciones de mensajería y reciben instrucciones fragmentadas.
Drones, sanciones y presión sobre Londres
Downing Street ha impuesto sanciones financieras y restricciones de viaje contra coordinadores de estas redes y altos mandos de la contrainteligencia iraní. También ha proscrito a la Guardia Revolucionaria. Teherán respondió declarando al Reino Unido un “objetivo legítimo”, una retórica que, según los servicios de seguridad, se ha traducido en vigilancia de infraestructuras críticas y vuelos de drones sobre instalaciones militares y de defensa.
Más de cien drones habrían sobrevolado instalaciones sensibles en los últimos diez meses, incluidas instalaciones nucleares. El MI5 no los vincula por ahora con modelos iraníes de largo alcance como los Shahed, sino con aparatos comerciales sencillos. Su bajo coste y facilidad de transporte los convierten en una herramienta atractiva: un dron FPV puede costar unas 500 libras y ser introducido en la parte trasera de un camión junto a mercancía convencional.
El problema no es únicamente tecnológico. La proliferación de operaciones de bajo coste obliga al Reino Unido a proteger simultáneamente bases, centrales, barrios, periodistas y exiliados, mientras demuestra que sus defensas pueden responder a amenazas dispersas y difíciles de atribuir. La presión sobre los recursos militares y de inteligencia aumenta precisamente porque cada operación aislada puede parecer menor, pero el conjunto dibuja una campaña sostenida.
Periodistas bajo protección permanente
La comunidad iraní exiliada percibe esa campaña en su vida cotidiana. Tres ciudadanos iraníes están siendo juzgados en el Tribunal de la Corona de Woolwich por presuntamente ayudar a los servicios de inteligencia de Irán a espiar a dos periodistas de Iran International y planificar un ataque violento contra al menos uno de ellos. La cadena, crítica con el régimen y radicada en Londres, es considerada por la Guardia Revolucionaria un objetivo legítimo.
En marzo de 2024, su presentador Pouria Zeraati fue apuñalado en una pierna cerca de su domicilio en Wimbledon. Los dos agresores, de nacionalidad rumana, habrían recibido 95.000 euros mediante intermediarios vinculados a la Guardia Revolucionaria. En los próximos meses están previstos otros cinco procesos relacionados con planes contra periodistas de la cadena. Todos los acusados, según la información disponible, son delincuentes comunes, una coincidencia que refuerza la hipótesis de que la amenaza iraní depende cada vez menos de espías clásicos y más de una economía clandestina de encargos.