La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió a eliminar del Plan de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) las disposiciones que incrementarían el valor catastral de los predios y obligarían a vender terrenos subutilizados. La dependencia también anunció que continuará revisando las propuestas incluidas en los capítulos 7 y 8 del documento, relacionados con la instrumentación, la gestión y la gobernanza del plan.
La promesa representa un cambio relevante frente a los señalamientos que generó el proyecto, porque las medidas cuestionadas podían traducirse en mayores cargas para los propietarios y en una intervención directa sobre el destino de predios considerados de bajo aprovechamiento. Sin embargo, la información disponible no precisa todavía la redacción que sustituirá esas disposiciones ni el procedimiento mediante el cual serán retiradas formalmente del plan.
Una revisión con efectos sobre la propiedad
El punto central de la controversia se encuentra en dos instrumentos planteados dentro del POZMVM. El primero es el aumento del valor catastral, una modificación que puede tener efectos en la determinación de obligaciones fiscales vinculadas con los inmuebles. El segundo es la venta forzosa de predios subutilizados, una figura que habría permitido presionar a los propietarios para disponer de terrenos que no cumplieran con determinados niveles de aprovechamiento urbano.
La decisión anunciada por la Sedatu busca retirar ambos elementos, de acuerdo con el compromiso comunicado el 18 de octubre. La dependencia no presentó, en la información difundida, un calendario para concluir la revisión ni detalló si las propuestas serán reemplazadas por mecanismos distintos para incentivar la ocupación de terrenos, combatir la especulación o promover un desarrollo urbano más compacto.
La diferencia es importante. Quitar una disposición no resuelve por sí mismo el problema que pretendía atender. Si el plan buscaba evitar que ciertos predios permanecieran sin uso en zonas con infraestructura y servicios, las autoridades todavía deberán definir cómo alcanzar ese objetivo sin trasladar costos desproporcionados a los propietarios ni debilitar las garantías sobre la propiedad.
Los capítulos pendientes concentran la discusión
La Sedatu indicó que continuará revisando los capítulos 7 y 8 del POZMVM. El primero aborda la instrumentación, es decir, la manera en que las propuestas del plan pasarían de los objetivos generales a políticas, programas y decisiones administrativas. El segundo se refiere a la gestión y la gobernanza, ámbitos que determinan qué autoridades participarían, cómo se coordinarían y bajo qué reglas se ejecutarían las medidas.
La revisión de estos apartados será decisiva porque un plan metropolitano no depende únicamente de sus diagnósticos o de sus metas territoriales. Su eficacia también está condicionada por la distribución de competencias entre los gobiernos involucrados, la disponibilidad de recursos y la existencia de procedimientos verificables. Una regla controvertida puede modificarse en el texto, pero sus efectos prácticos dependerán de las instituciones que la apliquen y de los controles que acompañen su ejecución.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, esa coordinación es especialmente compleja por la participación de distintas entidades y gobiernos locales. Las decisiones sobre suelo, vivienda, movilidad, servicios y recaudación suelen estar vinculadas, aunque las atribuciones se encuentren dispersas. Por ello, cualquier cambio en el plan deberá aclarar no sólo qué se elimina, sino también quién tomará las decisiones posteriores y con qué criterios.
El reto de conciliar desarrollo y certeza jurídica
La discusión sobre los predios subutilizados refleja una tensión habitual en la planeación urbana. Por un lado, las autoridades buscan aprovechar mejor el suelo servido por infraestructura, reducir la expansión periférica y evitar que terrenos ubicados en áreas estratégicas permanezcan ociosos. Por otro, las medidas que obligan a vender o que elevan el valor catastral pueden generar incertidumbre jurídica, afectar la capacidad económica de los propietarios y producir consecuencias fiscales que no necesariamente distingan entre especulación, abandono, falta de financiamiento o restricciones normativas.
Una política eficaz tendría que diferenciar esas situaciones. No es equivalente mantener un terreno vacío con fines especulativos, enfrentar limitaciones de uso de suelo o carecer de recursos para desarrollar un proyecto. La revisión anunciada abre la posibilidad de establecer criterios más precisos, mecanismos de diálogo y alternativas graduales antes de recurrir a medidas coercitivas.
También será relevante conocer cómo participarán los gobiernos locales y la ciudadanía en la nueva versión del plan. La legitimidad de una estrategia metropolitana no depende sólo de que la autoridad retire las disposiciones más cuestionadas, sino de que explique sus impactos, publique cambios verificables y permita evaluar las reglas antes de su aplicación.
Una promesa que deberá traducirse en cambios concretos
Por ahora, el anuncio de la Sedatu constituye un compromiso político y administrativo, no la conclusión del proceso. Para que tenga efectos reales, el POZMVM deberá reflejar de manera explícita la eliminación de los aumentos catastrales y de la venta forzosa, además de precisar las medidas que ocuparán su lugar. La revisión de los capítulos sobre instrumentación, gestión y gobernanza será el espacio donde esa promesa deberá convertirse en normas operativas.
El resultado determinará si el plan puede avanzar con mayor aceptación entre propietarios, autoridades y comunidades, sin abandonar la necesidad de ordenar el crecimiento urbano. La principal prueba será lograr que la planeación metropolitana preserve la certeza sobre la propiedad y, al mismo tiempo, ofrezca herramientas eficaces para enfrentar el uso ineficiente del suelo en una de las zonas urbanas más complejas del país.