La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “muy irresponsable” el operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas realizado en abril en Chihuahua, al considerar que se permitió la participación de agentes estadounidenses sin autorización legal y que la intervención correspondía exclusivamente a autoridades federales.
Investigación por atribuciones y autorización
El operativo tuvo lugar en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Durante el regreso, el vehículo en el que viajaban dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos cayó a un barranco. Los cuatro ocupantes murieron. Para Sheinbaum, el accidente no puede analizarse separado de las decisiones que permitieron una operación fuera de las competencias estatales.
El exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui, detenido el sábado, enfrenta una orden de aprehensión estatal por presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público y otra solicitada por la Fiscalía General de la República por traición a la patria. Las investigaciones apuntan a que autorizó o permitió la intervención de agentes extranjeros en actividades reservadas a instituciones mexicanas.
Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos de información y supervisión en la colaboración con Estados Unidos. Sheinbaum respaldó las acciones judiciales y señaló que aún existen pesquisas contra el exfuncionario cuyos detalles no han sido divulgados.
El caso expone un problema que va más allá del accidente: la cooperación bilateral en seguridad carece de margen para operar al margen de los controles nacionales. En un contexto marcado por las presiones de Donald Trump sobre la seguridad mexicana y sus acusaciones de control territorial del crimen organizado, la intervención de agentes extranjeros sin autorización amenaza con convertir la coordinación antidroga en una disputa sobre soberanía, responsabilidades y cadena de mando.