Tania Rocío Morales Olvera fue designada presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para el periodo 2026-2030. Activista feminista, defensora de derechos humanos, abogada e historiadora del arte, llega al organismo tras desempeñarse como directora de Vinculación Interinstitucional y Política de la Secretaría de las Mujeres.
El nombramiento se anunció el mismo día en que Geraldina González de la Vega presentó la memoria institucional de su gestión, iniciada en 2018. El documento reporta avances en atención de denuncias, criterios jurídicos, investigación, capacitación e incidencia legislativa, pero también deja claro que la continuidad del trabajo dependerá de resolver una debilidad estructural: una institución con funciones amplias y especializadas opera con personal, presupuesto e infraestructura insuficientes.
Una agenda que exige capacidad institucional
Entre los resultados destacados figura la consolidación del modelo para tramitar denuncias por discriminación. Cerca de 95% de las determinaciones impugnadas fueron confirmadas por autoridades administrativas o judiciales. El COPRED también presentó más de 25 intervenciones como amicus curiae, elaboró casi 100 opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas y produjo alrededor de 25 estudios sobre fenómenos como racismo, perfilamiento racial, discriminación laboral y edadismo.
El organismo amplió además su trabajo con empresas mediante el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que reunió a 70 compañías, y su plataforma educativa “En Línea con la Igualdad”, que atendió a 48 mil 250 personas desde 2021. Sin embargo, la memoria advierte que varios avances fueron sostenidos por equipos pequeños, una condición que amenaza su permanencia.
Morales deberá actualizar los sistemas de atención y seguimiento, fortalecer el área de denuncias, consolidar el programa contra la discriminación y convertir las alianzas con autoridades, empresas y organizaciones en mecanismos estables. El reto central no será sólo ampliar actividades, sino garantizar que los procedimientos, investigaciones y políticas públicas puedan evaluarse y mantenerse. La falta de recursos, señala la administración saliente, no puede convertirse en la forma normal de operar.