Bolivia necesita una Ley de Inversiones que dé seguridad jurídica a quienes consideran instalar negocios en el país, afirmó el enólogo e inversionista francés Francois Corentin Thorez. Su advertencia parte de una experiencia concreta: mientras promueve nuevas inversiones vitivinícolas en Tarija, enfrenta la anulación del registro de su marca de vinos, “Castel des Andes”, que le impide comercializarla y continuar con su emprendimiento.
Una norma reclamada desde la experiencia
Thorez sostiene que la aprobación de esa ley, junto con el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, es necesaria para que los potenciales inversionistas puedan evaluar sus proyectos con certidumbre. Según explicó, empresarios de su país han mostrado interés en instalar pequeñas bodegas en Bolivia, pero antes de avanzar preguntan quién protegerá sus inversiones y derechos.
La pregunta revela que la decisión de invertir no depende únicamente de las oportunidades productivas. También exige previsibilidad sobre las reglas y confianza en que los registros y autorizaciones conservarán su validez. Para una empresa vitivinícola, la protección de una marca puede ser parte esencial de su actividad comercial; la experiencia de Thorez muestra cómo una disputa administrativa puede afectar tanto la continuidad de un emprendimiento como la percepción de riesgo entre otros interesados.
El potencial de Tarija, frente a una barrera institucional
El inversionista afirmó que permanece en Tarija por su confianza en la capacidad de las uvas de la región y por las posibilidades de desarrollar allí una bodega. Sin embargo, advirtió que otros empresarios podrían desistir si no encuentran garantías suficientes. Su argumento conecta una ventaja local —la producción vitivinícola— con una condición más amplia: que las instituciones ofrezcan reglas confiables para convertir ese potencial en proyectos sostenibles.
La anulación del registro de “Castel des Andes” ocurrió a mediados de este año y, de acuerdo con Thorez, lo dejó sin posibilidad de comercializar sus vinos bajo esa denominación. El caso no permite, por sí solo, determinar el alcance de la controversia ni sus fundamentos administrativos. Sí expone el tipo de incertidumbre que puede preocupar a un inversionista extranjero cuando la protección de activos intangibles, como una marca, forma parte de su plan de negocio.
Una propuesta pendiente de debate legislativo
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley de Inversiones compuesto por 103 artículos. La propuesta debía ser debatida el 11 de agosto pasado, según la información difundida. Thorez impulsa su aprobación, aunque también reclama la aplicación cabal de las normas ya vigentes: la nueva legislación, por sí sola, no resolvería las dudas si la protección jurídica no se refleja en la práctica.
El Concejo Municipal de Tarija y la provincia Cercado reconoció a Thorez con el Mérito Profesional por su trayectoria en beneficio del sector vitivinícola. El reconocimiento destaca su aporte al rubro, mientras su reclamo pone sobre la mesa una dimensión distinta del desarrollo: atraer capital requiere algo más que recursos naturales y oportunidades comerciales. Para que las iniciativas locales interesen también a nuevos inversionistas, las reglas deben ser comprensibles, aplicarse de manera consistente y ofrecer mecanismos eficaces para resolver controversias.