Donald Trump ha planteado rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico como «océano Trump» antes de abandonar la presidencia de Estados Unidos. Como alternativa, ha sugerido denominarlo «océano de las Américas». La propuesta fue formulada este sábado durante un mitin en Clarksville, Tennessee, entre risas y aplausos de los asistentes, y amplía una serie de iniciativas del mandatario orientadas a modificar nombres geográficos de uso habitual.
Una promesa pronunciada ante sus seguidores
«Necesitamos un río y necesitamos un océano», afirmó Trump al explicar su idea. El presidente presentó el eventual cambio como una cuestión pendiente de su mandato y dejó claro que pretende que al menos una gran masa de agua quede asociada a su figura. «Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río», insistió.
La formulación no identifica cuál de los dos océanos sería elegido ni describe un procedimiento concreto para llevar a cabo el cambio. Tampoco se anunció una decisión administrativa que haya iniciado formalmente esa transformación. Por ahora, se trata de una propuesta política expresada desde un escenario electoral, aunque el propio Trump la vinculó a decisiones de denominación que ya ha ordenado o promovido.
El océano se suma a una lista de cambios
Trump recordó que el golfo de México fue rebautizado como «golfo de América» y que el lago Ontario pasó a ser denominado «lago de América». También ha sugerido cambiar el nombre del estado de Nuevo México por «Nueva América». La diferencia entre estas iniciativas no es menor: mientras un órgano federal puede imponer una denominación para el uso de sus propias agencias, alterar el nombre oficial de un estado exige afrontar competencias locales y, potencialmente, reformas constitucionales.
El caso de Nuevo México revela los límites institucionales de una estrategia basada en órdenes presidenciales. Un presidente puede influir en la terminología empleada por la Administración federal, pero no dispone automáticamente de autoridad para modificar la identidad jurídica de un estado. La consulta a sus habitantes y la intervención de las instituciones estatales podrían ser necesarias, lo que convertiría el anuncio en un proceso político mucho más complejo que el cambio de una referencia utilizada por organismos federales.
Los ríos que quedan fuera de sus planes
La búsqueda de un río para completar esta política simbólica tampoco incluye, al menos por ahora, dos de los cursos fluviales más conocidos del país. Trump descartó cambiar el nombre del Hudson, cuyo nombre honra al explorador Henry Hudson. «Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo», dijo al referirse a él.
También rechazó la posibilidad de rebautizar el Misisipi, el sistema fluvial más extenso de Norteamérica y uno de los grandes ejes geográficos del continente. La exclusión de ambos ríos sugiere que la iniciativa no responde únicamente a una búsqueda indiscriminada de monumentos naturales que lleven el apellido presidencial. Trump parece distinguir entre nombres que considera disponibles para una intervención simbólica y otros cuya carga histórica, cultural o política hace menos conveniente plantear su sustitución.
Qué cambia realmente cuando cambia un nombre
La potestad presidencial sobre las denominaciones empleadas por las agencias federales no equivale a controlar todos los mapas, documentos y usos privados. Las empresas y las instituciones ajenas al Gobierno federal pueden decidir si adoptan o no la nueva terminología. En consecuencia, una orden oficial puede producir una nomenclatura administrativa distinta sin borrar de inmediato el nombre tradicional del lenguaje cotidiano, de los atlas, de los medios de comunicación o de otros países.
En el caso de un océano, esa tensión sería especialmente visible. El Atlántico y el Pacífico no son únicamente accidentes geográficos situados bajo una jurisdicción nacional: son referencias compartidas por decenas de países, organismos internacionales, comunidades científicas y sistemas cartográficos. Una denominación impuesta para el uso federal estadounidense podría tener efectos administrativos dentro del país, pero encontraría una resistencia mucho mayor fuera de ese ámbito.
La importancia de la propuesta, por tanto, no reside solo en la posibilidad material de modificar una etiqueta. Los nombres geográficos funcionan como depósitos de memoria histórica y como instrumentos de autoridad. Cambiarlos permite a un Gobierno proyectar una determinada visión nacional, pero también abre disputas sobre quién tiene derecho a definir el lenguaje común y hasta dónde alcanza el poder presidencial.
La serie de iniciativas muestra además una forma de comunicación política en la que el símbolo ocupa el centro del mensaje. Rebautizar el golfo de México, un lago, un estado o un océano ofrece una imagen inmediata, fácil de repetir en un mitin y capaz de condensar una idea de soberanía. Sin embargo, cuanto mayor es el espacio afectado y más internacional es su reconocimiento, más evidente se vuelve la distancia entre anunciar un nombre y lograr que ese nombre sea aceptado.
Trump ha convertido esa distancia en parte de la propia conversación política. Mientras promete dejar su apellido vinculado a un océano y a un gran río, la cuestión decisiva no es solo qué nombre desea imponer, sino qué instituciones, empresas y ciudadanos estarían dispuestos a utilizarlo. La propuesta, todavía sin un procedimiento detallado, vuelve a situar la geografía en el terreno de la identidad nacional y de los límites del poder presidencial.