A los 69 años, Ivan Giesen continúa trabajando como profesor de inglés porque jubilarse no encaja con el coste de su vivienda ni con el precio actual del alquiler en Barcelona. Después de casi tres décadas en el mismo piso del Poblenou, afronta la posibilidad de perderlo mientras destina habitualmente más de la mitad de sus ingresos al arrendamiento y, algunos meses, hasta el 70%. Su situación concentra cuatro problemas que ya no afectan solo a hogares con bajos salarios: la presión de los alquileres, la transformación de edificios residenciales, la lentitud de las soluciones judiciales y la insuficiencia de la vivienda protegida.
Cuando seguir trabajando no garantiza poder seguir viviendo
Giesen llegó a Barcelona en 1999, procedente de Sudáfrica y con raíces familiares belgas, para trabajar en el sector de las academias privadas de idiomas. Hoy ejerce como autónomo y explica que mantuvo su actividad para completar la cotización necesaria para la jubilación. Sin embargo, haber alcanzado ese objetivo no le permite abandonar el mercado laboral. La pensión futura y los ingresos disponibles tendrían que afrontar un alquiler que ya absorbe una parte desproporcionada de sus recursos.
El dato central de su testimonio no es únicamente la edad del inquilino, sino la relación entre ingresos y vivienda. Cuando el alquiler consume entre el 50% y el 70% de lo que se gana, cualquier aumento, gasto extraordinario o interrupción de la actividad puede desencadenar una pérdida de estabilidad. Encontrar una alternativa tampoco resulta sencillo: los precios de los pisos disponibles y las exigencias de entrada, fianza y garantías dificultan el traslado incluso para quienes han pagado regularmente durante años.
Veintisiete años en un piso que ahora tiene otro valor
El conflicto se desarrolla en un edificio de la calle de Ramon Turró. Giesen reside allí desde hace 27 años, pero las obras iniciadas en 2019 han alterado el destino económico del inmueble. Según su explicación, la reforma pretende pasar de dos viviendas por planta a tres, con unidades más pequeñas, de entre 45 y 55 metros cuadrados, frente a los aproximadamente 85 de su piso.
La propiedad sostiene que necesita recuperar la vivienda para completar la redistribución del edificio. Los nuevos pisos se ofrecerían por importes de hasta 1.700 o 1.800 euros mensuales, y algunas unidades reformadas habrían alcanzado los 1.900 euros en el mercado. La diferencia entre el alquiler que paga Giesen, 730 euros, y los precios previstos explica la dimensión económica de la disputa. Su permanencia no representa solo una dificultad constructiva: mantiene ocupado un espacio cuyo rendimiento potencial se ha multiplicado con la reforma.
El caso muestra cómo la renovación urbana puede producir una sustitución silenciosa de inquilinos. La superficie se reduce, pero el precio por metro cuadrado aumenta; el edificio gana capacidad y rentabilidad, mientras los residentes con contratos antiguos pierden margen para permanecer. En ese proceso, la antigüedad del alquiler deja de ser una garantía de continuidad y puede convertirse en el principal motivo de presión sobre el inquilino.
Dos intentos de desahucio y un procedimiento aún abierto
La vía judicial comenzó después de las prórrogas extraordinarias aprobadas durante la pandemia. El contrato debía terminar en 2020, pero Giesen se acogió a dos extensiones de seis meses. La demanda llegó en 2021. La primera instancia dio por finalizado el arrendamiento y, según relata el afectado, la Audiencia Provincial confirmó esa decisión en 2024.
Desde entonces, los 730 euros que abona tienen la consideración de indemnización vinculada a la renta anterior. Con el respaldo del Sindicat de Llogateres y del Sindicat d’Habitatge del Poblenou, consiguió detener dos lanzamientos: uno previsto para enero de 2025 y otro para junio de 2026. El segundo quedó paralizado después de que su abogado alegara defectos de procedimiento con apoyo sindical. La suspensión, no obstante, no resuelve la cuestión de fondo: Giesen sigue sin una renovación contractual y espera una mediación con la propiedad antes de que se fije una nueva fecha.
La sucesión de resoluciones, aplazamientos y recursos revela una tensión frecuente en los conflictos de vivienda. El tiempo judicial puede evitar un desalojo inmediato, pero no crea una alternativa residencial ni modifica por sí mismo las condiciones del mercado. Para el inquilino, cada aplazamiento prolonga la incertidumbre; para la propiedad, mantiene pendiente la culminación de un proyecto de mayor rentabilidad.
La promesa de vivienda protegida queda bajo escrutinio
El enfrentamiento también afecta a las obligaciones urbanísticas del edificio, situado en el ámbito del planeamiento del 22@. El Sindicat de Llogateres denuncia que el proyecto estaba condicionado a la creación de viviendas de protección oficial que la propiedad no habría completado. El Ayuntamiento confirmó a betevé que la licencia para aumentar el número de viviendas incluía esa condición y que cuatro pisos habían iniciado los trámites de calificación provisional.
La cuestión es relevante porque la reforma no se limita a cambiar la distribución de una finca privada. Si el incremento de viviendas se autorizó junto con compromisos de protección pública, el cumplimiento de esas obligaciones forma parte del equilibrio entre la rentabilidad privada y el interés residencial de la ciudad. La propiedad que posee el edificio cuenta, según Giesen, con 34 inmuebles y tiene la consideración de gran tenedor, una circunstancia que también contribuyó al aplazamiento de los lanzamientos.
Barcelona terminó 1.434 viviendas de nueva planta en 2025, frente a las 1.884 del año anterior. De las finalizadas en 2025, 644 fueron de protección oficial. Estas cifras ayudan a situar el problema: aunque la construcción pública y protegida existe, su ritmo no alcanza para compensar la presión de una ciudad donde la rehabilitación y la transformación de edificios pueden elevar rápidamente los precios. La mediación que Giesen todavía espera decidirá su situación inmediata, pero el conflicto ya plantea una pregunta más amplia: qué mecanismos permiten que la renovación urbana aumente la oferta sin expulsar a quienes han sostenido durante años la vida residencial de los barrios.