Un año después de la firma del alto el fuego en la Franja de Gaza, la palabra “tregua” describe una realidad mucho más limitada de lo que sugiere el término. La violencia se redujo en número y en intensidad respecto a la fase más abierta de la guerra, pero no desapareció. Según el balance difundido por France 24, Israel ha efectuado disparos de artillería letales en nueve de cada diez días desde el acuerdo y cerca de 1.480 palestinos han muerto durante este periodo. La cifra no representa únicamente el incumplimiento de una cláusula militar: revela que el pacto no consiguió transformar la lógica de la guerra en una dinámica política de desescalada.
El acuerdo nació, por tanto, con una contradicción central. Su objetivo inmediato era detener o reducir la violencia, pero no resolvía las cuestiones que habían convertido Gaza en un escenario permanente de confrontación: el control territorial, la presencia militar israelí, la seguridad de la población civil, el acceso humanitario y la reconstrucción de un territorio devastado. Cuando un alto el fuego carece de mecanismos eficaces de supervisión y de consecuencias claras ante las infracciones, puede convertirse en una pausa operativa, no en el comienzo de una solución.
La tregua que no modificó el control del territorio
El dato más relevante del balance no es solo el número de muertos, sino la continuidad del dispositivo militar. Israel mantiene la ocupación de casi el 70% del enclave, ha establecido nuevos puestos de avanzada y continúa destruyendo infraestructuras. Estas acciones tienen un efecto acumulativo: aunque disminuya la frecuencia de los ataques, la población sigue viviendo bajo una estructura de control que condiciona sus desplazamientos, limita el acceso a bienes esenciales y mantiene abierta la posibilidad de nuevas operaciones.
La diferencia entre reducir los bombardeos y poner fin a la violencia resulta decisiva. Una población puede dejar de sufrir una campaña de ataques masivos y, al mismo tiempo, continuar expuesta a fuego de artillería, incursiones, demoliciones y restricciones territoriales. La muerte de casi 1.480 palestinos en un año de supuesto alto el fuego muestra que la reducción cuantitativa de los ataques no equivale a seguridad. Para las familias afectadas, la amenaza no desaparece: cambia de escala, de ritmo y de forma.
La permanencia de puestos de avanzada también tiene una dimensión política. Cada instalación militar o de control altera las condiciones sobre el terreno y puede consolidar una nueva realidad territorial antes de que se negocie el futuro de Gaza. En conflictos prolongados, los hechos consumados dificultan cualquier acuerdo posterior porque elevan el coste de revertirlos. La cuestión deja de ser únicamente cuándo cesarán los disparos y pasa a incluir qué territorio quedará, quién lo administrará y bajo qué condiciones podrán regresar o desplazarse sus habitantes.
Un acuerdo sin capacidad suficiente para hacerse cumplir
La experiencia del último año apunta a una debilidad estructural del pacto: la distancia entre lo que se firmó y lo que puede hacerse cumplir. Un alto el fuego necesita, como mínimo, una definición precisa de las acciones prohibidas, un sistema de verificación independiente y un mecanismo de respuesta cuando una de las partes incumple. Si esos elementos son débiles o dependen de la voluntad de los mismos actores que participan en la confrontación, cada incidente puede quedar reducido a una disputa sobre versiones y no a una violación con consecuencias.
La repetición de ataques en nueve de cada diez días sugiere que las infracciones no son episodios aislados. La regularidad modifica su significado: convierte la excepción en una práctica y normaliza el uso de la fuerza dentro de un marco que, en teoría, debía impedirlo. En esas condiciones, el acuerdo pierde capacidad disuasoria. Las partes pueden calcular que el coste diplomático, político o económico de incumplirlo será inferior al beneficio militar o territorial obtenido.
También se erosiona la confianza de la población. Los civiles no evalúan la vigencia de un pacto por sus formulaciones jurídicas, sino por hechos cotidianos: si pueden regresar a sus barrios, si una carretera es transitable, si una escuela funciona o si una noche transcurre sin fuego de artillería. Cada ataque durante una tregua tiene un efecto doble. Produce víctimas inmediatas y, además, comunica que las garantías internacionales no bastan para proteger a quienes dependen de ellas.
La falta de confianza complica cualquier fase posterior. Sin credibilidad, los compromisos de retirada, intercambio, reconstrucción o administración civil son recibidos con cautela. Las organizaciones humanitarias pueden encontrar más dificultades para planificar su trabajo; las autoridades locales, para organizar servicios; y los donantes, para comprometer recursos a largo plazo. La inseguridad no solo destruye edificios: destruye la previsibilidad necesaria para que una sociedad vuelva a funcionar.
La infraestructura arrasada convierte la pausa militar en crisis social
La continuidad de la destrucción de infraestructuras amplía el impacto del conflicto más allá de las víctimas directas. Hospitales, redes de agua, centros educativos, viviendas, carreteras y sistemas de saneamiento forman una red interdependiente. Cuando una de sus partes queda inutilizada, el daño se propaga. La falta de electricidad afecta al suministro de agua; la interrupción del transporte dificulta la llegada de alimentos y medicamentos; la destrucción de escuelas priva a una generación de espacios de aprendizaje y protección.
Por eso, incluso una reducción de los ataques puede no traducirse en una mejora inmediata de las condiciones de vida. Reconstruir una vivienda es insuficiente si no existen redes de agua, centros sanitarios y vías de acceso. Del mismo modo, reabrir una escuela no resuelve el problema si miles de familias continúan desplazadas o si el área sigue expuesta a operaciones militares. La reconstrucción exige seguridad, financiación, materiales y una autoridad capaz de coordinarla, cuatro condiciones que el actual escenario no garantiza.
El coste social se mide también en desplazamientos prolongados y en la pérdida de referencias comunitarias. Las familias que abandonan sus hogares pueden quedar separadas, perder sus medios de subsistencia y depender durante años de ayuda externa. La infancia soporta una carga particular: además de la interrupción educativa, acumula experiencias de miedo, duelo y desarraigo. Esa combinación no produce automáticamente una nueva escalada, pero sí aumenta la vulnerabilidad social y reduce las oportunidades de recuperación.
El riesgo de que la excepcionalidad se convierta en norma
El balance del primer año plantea una cuestión de mayor alcance para la diplomacia internacional: qué valor conservarán los acuerdos de alto el fuego si pueden ser vulnerados de manera sistemática sin alterar la situación sobre el terreno. La respuesta tendrá efectos más allá de Gaza. Otros actores armados pueden interpretar que una tregua sirve para reorganizar fuerzas, asegurar posiciones o aliviar la presión internacional sin comprometerse a abandonar la violencia.
La credibilidad de los mediadores también está en juego. Cuando las partes observan que las denuncias de ataques no producen investigaciones transparentes ni medidas concretas, las negociaciones pierden atractivo y aumenta la tentación de buscar ventajas por medios militares. Para los gobiernos que respaldan el proceso, la contradicción es especialmente delicada: sostener el acuerdo pese a sus incumplimientos puede preservar un canal diplomático, pero también puede transmitir tolerancia ante las violaciones. Romperlo sin una alternativa, en cambio, podría dejar a la población sin siquiera el marco limitado de contención existente.
El desafío consiste en pasar de una tregua declarativa a un régimen verificable. Eso requeriría supervisión independiente, registro público de incidentes, protección efectiva de la ayuda humanitaria y compromisos vinculados a plazos y consecuencias. También sería necesario separar la gestión inmediata de la seguridad de la discusión política sobre el futuro del enclave. Si ambas cuestiones quedan bloqueadas entre sí, cada ataque puede paralizar la ayuda y cada disputa sobre la ayuda puede reactivar la confrontación.
Gaza ante un futuro condicionado por los hechos consumados
Un año de violencia reducida, pero persistente, deja un horizonte especialmente frágil. La ocupación de gran parte del territorio y la instalación de nuevos puestos de avanzada pueden influir en cualquier negociación futura sobre fronteras, administración y retorno de la población. Mientras tanto, la destrucción de infraestructuras eleva el coste de la reconstrucción y hace más difícil restablecer una vida económica autónoma. Cuanto más tiempo permanezca esta situación, mayor será la dependencia de la ayuda exterior y menor la capacidad de la sociedad gazatí para decidir su propio futuro.
La cifra de casi 1.480 palestinos muertos resume una parte del problema, pero no todo su alcance. Cada víctima se inserta en una cadena de consecuencias familiares, sanitarias, económicas y políticas que prolonga el conflicto más allá del momento del ataque. El alto el fuego no ha fracasado únicamente porque continúen los disparos; ha quedado incompleto porque no ha alterado las condiciones que permiten que los disparos sigan siendo una herramienta de control.
La estabilidad de Gaza dependerá, en última instancia, de que la pausa deje de ser una fórmula diplomática y se convierta en una protección concreta para la población. Sin retirada o límites claros a la presencia militar, sin reconstrucción de la infraestructura y sin un sistema capaz de exigir responsabilidades, la tregua seguirá siendo reversible. El aniversario no marca todavía el final de la guerra, sino el momento en que resulta más evidente que reducir la violencia no basta: hay que desmontar las estructuras que la reproducen.