Un año después del alto el fuego, Gaza afronta una paradoja que condicionará su futuro inmediato: la disminución de los bombardeos ha reducido el riesgo de muerte súbita, pero no ha creado las condiciones necesarias para recuperar una vida normal. Para buena parte de la población, la tregua ha significado menos desplazamientos forzosos y una mayor entrada de camiones, pero también la consolidación de una emergencia prolongada. La experiencia de Mariam, una madre que ha empezado a dormir algo mejor mientras continúa viviendo entre ruinas y tiendas de campaña, resume esa contradicción: la violencia abierta pierde intensidad, aunque sus consecuencias siguen organizando cada aspecto de la vida cotidiana.
La principal consecuencia positiva del alto el fuego es difícil de medir únicamente con estadísticas, pero resulta decisiva para la población civil: la posibilidad de planificar el día siguiente. El final de los bombardeos masivos y de los desplazamientos continuos permite que algunas personas regresen a sus trabajos, que los niños mantengan rutinas más estables y que las familias intenten reconstruir redes de apoyo. También facilita la entrada de ayuda y reduce, al menos parcialmente, la presión sobre los centros de acogida. Esa pausa puede convertirse en una base para la recuperación si se acompaña de garantías de seguridad, acceso humanitario sostenido y recursos para reparar infraestructuras esenciales.
Una tregua que reduce la violencia, pero no la vulnerabilidad
El problema es que la pausa militar no ha ido acompañada de una transformación política ni económica suficiente. Según los datos citados en la información, sólo se habrían aplicado dos de los veinte puntos del plan que sirvió de marco para el alto el fuego: la liberación de rehenes israelíes y la excarcelación de presos palestinos. La falta de avances en reconstrucción, gobernanza, movilidad y seguridad deja a Gaza en una situación intermedia, sin guerra total pero también sin una paz capaz de proteger derechos básicos. En ese escenario, cualquier incidente en torno a la Línea Amarilla, cualquier disputa sobre el control territorial o cualquier bloqueo de suministros puede reactivar una escalada.
La ausencia de un horizonte político claro tiene además un efecto social acumulativo. Cuando la población percibe que la tregua sólo administra el sufrimiento, disminuyen los incentivos para confiar en las instituciones que la sostienen. La frustración puede expresarse en protestas, enfrentamientos internos, aumento de la criminalidad o fortalecimiento de grupos armados que prometan protección y recursos. No se trata de una consecuencia automática, pero sí de un riesgo previsible cuando millones de personas permanecen confinadas, sin empleo estable y con escaso acceso a servicios básicos. La prolongación de la incertidumbre también puede profundizar las divisiones entre comunidades y dificultar futuros acuerdos.
La crisis humanitaria presenta un riesgo menos visible que los ataques, pero potencialmente más duradero. Médicos Sin Fronteras señala, según el reportaje, que 2,2 millones de personas siguen concentradas en una parte limitada del enclave y carecen de combustible, gas, repuestos y medios de transporte suficientes. Estas carencias afectan a toda la cadena de supervivencia: impiden trasladar pacientes, dificultan la distribución de alimentos y limitan el funcionamiento de plantas desalinizadoras, ambulancias y sistemas de saneamiento. Cuando un suministro esencial falla, el impacto no se limita a un hogar; se extiende a hospitales, mercados, escuelas y redes de ayuda.
El coste invisible de mantener abiertos los servicios
La salud pública será uno de los indicadores más claros de si la tregua desemboca en recuperación o en una emergencia congelada. El informe citado atribuye a la espera de evacuaciones la muerte de al menos 1.570 pacientes entre octubre de 2023 y julio de 2026, incluidos enfermos de cáncer y niños. Aunque las cifras proceden de autoridades sanitarias gazatíes y deben contrastarse mediante mecanismos independientes, muestran una cuestión estructural: incluso cuando disminuyen los ataques, los pacientes continúan muriendo porque no pueden acceder a tratamientos especializados, medicamentos, electricidad o transporte.
El funcionamiento parcial de los hospitales multiplica el riesgo. La información señala que ninguno opera a pleno rendimiento y que sólo se ha añadido una cama de cuidados intensivos durante el año de tregua. Esa capacidad es claramente insuficiente para una población afectada por heridas de guerra, enfermedades crónicas, desnutrición y brotes infecciosos. El deterioro puede acelerarse por razones financieras: mantener la electricidad de un hospital cuesta decenas de miles de euros al día, mientras los generadores y el combustible escasean. El personal sanitario, además, trabaja en condiciones extremas y vive con sus propias familias en alojamientos precarios. Si el agotamiento y la falta de recursos provocan cierres, la capacidad médica perdida no se recuperará rápidamente.
La destrucción del sistema bancario añade una dimensión económica que puede pasar inadvertida. El Banco Mundial estima que el 98% de la infraestructura bancaria ha sido afectada y que sólo dos cajeros funcionan parcialmente. Las comisiones de entre el 40% y el 50% para obtener efectivo reducen todavía más el poder adquisitivo de las familias. Esto favorece mercados informales, encarece la ayuda y crea oportunidades para abusos y corrupción. La entrada de alimentos, por sí sola, no garantiza seguridad alimentaria si la mayoría de la población no puede comprarlos. Que determinados productos sean más fáciles de encontrar que medicamentos esenciales ilustra una distorsión: la disponibilidad comercial no equivale a una respuesta humanitaria adecuada.
Reconstruir no consiste sólo en retirar escombros
La vivienda será otro foco de riesgo. Naciones Unidas calcula que 1,98 millones de palestinos necesitan asistencia relacionada con el alojamiento, mientras miles de cuerpos permanecen bajo los edificios destruidos, según la información difundida. Sin maquinaria pesada, combustible ni garantías de seguridad, la retirada de escombros se vuelve lenta y peligrosa. Cada día de demora prolonga la exposición al frío, al calor extremo, a la contaminación del agua y a posibles restos explosivos. También impide reabrir carreteras, recuperar redes eléctricas y establecer espacios seguros para escuelas, centros médicos y mercados.
La reconstrucción puede generar efectos positivos importantes: empleo, recuperación de servicios, reactivación de pequeños negocios y retorno de familias desplazadas. Sin embargo, también puede convertirse en un factor de disputa si no existen criterios transparentes para decidir qué zonas se rehabilitan primero, quién administra los fondos y cómo se garantiza que los materiales llegan a la población civil. El control de las fronteras y de los suministros será determinante. Si la reconstrucción depende de autorizaciones imprevisibles o se utiliza para premiar a unas áreas y castigar a otras, la ayuda perderá legitimidad y la desigualdad territorial se agravará.
La educación y la salud mental merecen una atención específica. Un año de vida en tiendas de campaña, con pérdidas familiares, miedo recurrente y ausencia de privacidad, puede producir consecuencias que no aparecen en los balances de daños materiales. Los niños pueden sufrir interrupciones educativas prolongadas, dificultades de concentración y trastornos asociados al trauma. Las familias que han sobrevivido a la guerra deberán afrontar, además, duelos sin rituales, enfermedades sin tratamiento y una economía destruida. Si estos efectos no se incorporan a la planificación, Gaza podría recuperar algunos edificios y seguir sin recuperar su capital humano.
El riesgo de que la atención internacional se vuelva intermitente
La sensación de abandono expresada por Mariam apunta a un riesgo político de alcance regional: que la reducción de la violencia disminuya la presión internacional sin resolver las causas de la crisis. Cuando desaparecen las imágenes de los bombardeos, la emergencia puede perder espacio en la agenda pública, aunque la mortalidad indirecta, el hambre y la falta de asistencia continúen. Una atención fluctuante dificulta la financiación plurianual y obliga a las organizaciones humanitarias a trabajar con presupuestos de corto plazo. Esa inestabilidad impide contratar personal, comprar equipos y diseñar programas de recuperación sostenibles.
También persiste la incertidumbre sobre la verificación de las cifras y sobre la atribución de responsabilidades. Los balances de muertos, los datos de infraestructura destruida y las acusaciones de concentración deliberada de población requieren mecanismos independientes de comprobación. La existencia de versiones enfrentadas no debería paralizar la ayuda, pero sí obliga a separar la respuesta humanitaria de las disputas propagandísticas. Sin transparencia, las partes pueden utilizar la reconstrucción, el acceso a los suministros o las estadísticas como instrumentos de presión, lo que dañaría la confianza y complicaría cualquier investigación posterior.
El escenario más favorable exige convertir la tregua en un proceso verificable: acceso humanitario regular, apertura de corredores para pacientes, suministro de combustible y medicinas, recuperación del sistema bancario, protección de hospitales y un calendario creíble para retirar escombros y reconstruir viviendas. También requiere una autoridad capaz de coordinar la ayuda sin discriminación y un sistema de supervisión que informe públicamente sobre los avances. La pausa militar ha demostrado que es posible reducir parte de la violencia; el desafío es impedir que esa reducción se confunda con una solución. Mientras la población siga sin movilidad, ingresos, atención médica y una perspectiva política reconocible, Gaza continuará expuesta a una recaída y a una crisis social cada vez más profunda.