El episodio protagonizado por Marcelo Aguiar, diputado provincial de San Pablo por el Partido Liberal (PL), concentra en una misma investigación tres elementos de peso institucional: un disparo dentro de un boliche, un arma registrada en poder del legislador y el uso de una placa oficial que no correspondería al vehículo que utilizaba. Aunque la inmunidad parlamentaria impidió que quedara detenido, el caso ya superó el terreno de un incidente privado y llegó al Consejo de Ética de la Asamblea Legislativa de San Pablo (Alesp).
Una madrugada que terminó con un arma bajo peritaje
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de octubre en el local Santo Cupido, ubicado en el barrio de Itaim Bibi, en la zona sur de la capital paulista. De acuerdo con la reconstrucción difundida por G1 a partir de testimonios, Aguiar se encontraba ebrio, habría incomodado a otros asistentes y terminó involucrado en una pelea. Tras caer al suelo se produjo un disparo con el arma que llevaba consigo.
La Policía Militar informó que no hubo heridos, un dato que limita la gravedad inmediata del episodio, pero no elimina sus consecuencias legales y políticas. El arma fue secuestrada para realizar pericias, una medida destinada a determinar, entre otros puntos, cómo se produjo el disparo, si el arma estaba habilitada y qué relación existe entre el movimiento del legislador durante la pelea y la detonación.
Aguiar cuenta con autorización federal para portar armas. Esa condición no convierte el incidente en un hecho irrelevante: el permiso habilita la portación bajo determinados requisitos, pero no impide investigar un disparo efectuado en un establecimiento nocturno ni las circunstancias que lo rodearon. La secuencia también plantea una cuestión política sensible para un dirigente identificado con la bancada evangélica y conocido por su carrera como cantante de música cristiana.
La inmunidad explica la liberación, pero no cierra el caso
El diputado fue trasladado a la Comisaría 14ª, en el barrio de Pinheiros, donde prestó declaración y quedó en libertad. La explicación jurídica de esa decisión está vinculada con su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, la ausencia de una detención formal no equivale a la inexistencia de una investigación: la policía puede reunir pruebas, tomar testimonios y remitir las actuaciones a las autoridades competentes aun cuando el legislador no quede privado de su libertad.
La asesoría de Aguiar intentó precisar ese punto. En un comunicado sostuvo que el parlamentario estaba bajo los efectos de medicamentos fuertes que le provocaron una reacción adversa y lo involucraron en una discusión. También afirmó que “en ningún momento el diputado fue detenido”, que solo declaró en la comisaría y fue liberado a continuación. La defensa agregó que confía en la Justicia y que los hechos serán esclarecidos.
La versión de los medicamentos introduce una explicación distinta de la reconstrucción basada en testigos, que alude a un estado de ebriedad. Resolver esa contradicción será central para establecer el contexto del enfrentamiento y evaluar la conducta del legislador. También será relevante el comunicado del Santo Cupido, cuya administración confirmó el incidente y aseguró que activó a las autoridades y que permanece a disposición de la investigación.
La placa oficial abre una segunda línea de responsabilidad
El elemento que puede ampliar considerablemente el alcance del caso es el vehículo utilizado por Aguiar. El automóvil llevaba una placa oficial de la Alesp, pero no figura en la lista pública de vehículos asignados al legislador. Si se confirma que la identificación fue colocada sin autorización, la investigación dejaría de concentrarse únicamente en el disparo y pasaría a incluir una posible adulteración de identificación vehicular.
La legislación brasileña prevé para ese delito una pena de entre tres y seis años de prisión, además de una multa. La eventual responsabilidad dependerá de determinar quién colocó la placa, con qué conocimiento y para qué finalidad. No es un detalle administrativo menor: una identificación oficial puede facilitar el acceso a determinados lugares, dificultar controles o transmitir una autoridad que el vehículo no tiene. Por eso, la verificación documental y las pericias sobre el automóvil serán tan importantes como el análisis del arma.
El costo político de un dirigente en transición
Las diputadas Ediane Maria y Monica Seixas, ambas del PSOL, pidieron activar el Consejo de Ética de la Alesp. El órgano deberá analizar la denuncia y sus derivaciones, lo que puede abrir un proceso paralelo al judicial. Allí no solo se evaluará si existió una infracción penal, sino también si la conducta del diputado comprometió la dignidad del cargo o afectó la imagen de la institución.
El contexto político vuelve el episodio más delicado. Horas antes del incidente, Aguiar había participado en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro en la Avenida Paulista, según registros publicados en su cuenta de Instagram. A sus 53 años, el legislador arrastra una trayectoria marcada por la música cristiana, el paso por la política municipal y federal y una incorporación reciente al PL: se afilió el 16 de marzo de 2026, en un acto con Valdemar Costa Neto.
Aguiar llegó a la Alesp en enero de 2025, tras la renuncia de otro legislador que asumió una intendencia, y en las elecciones de 2026 quedó como suplente con 37.585 votos. La combinación de un mandato obtenido por sucesión, una reelección que no consiguió y una afiliación partidaria reciente reduce su margen político. El disparo y la placa irregular no son, por separado, simples episodios de exposición pública: juntos obligan a examinar el uso de armas, los privilegios institucionales y los controles sobre los recursos de la Asamblea.