Una jueza federal en Miami ordenó retirar la ciudadanía estadounidense a Milagros Marileisis Acosta Torres, una mujer de origen cubano que obtuvo la naturalización en 2015 después de ocultar su participación en una operación de lavado de dinero vinculada con un fraude de 5,3 millones de dólares contra el casino Miccosukee Resort & Gaming. El fallo concluye que la acusada obtuvo la nacionalidad “de forma ilegal” porque negó bajo juramento haber cometido delitos que posteriormente reconoció ante las autoridades.
La decisión fue emitida por Cecilia Altonaga, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida. El caso conecta dos procedimientos distintos: la investigación penal por el robo y el lavado de fondos, y el proceso civil de desnacionalización, mediante el cual el Gobierno cuestionó la validez de la ciudadanía adquirida por Acosta Torres. La sentencia penal que recibió en 2020 no incluía una orden de deportación, pero la pérdida de la ciudadanía puede modificar su situación migratoria.
La operación dentro del casino
Según los documentos judiciales citados en el fallo, el fraude se desarrolló entre el 29 de enero de 2011 y el 27 de mayo de 2015. Cuatro empleados del casino manipularon máquinas de juegos electrónicos para generar vales de crédito que luego eran convertidos en efectivo mediante cajeros automáticos instalados en el establecimiento.
Los trabajadores identificados en la investigación fueron Michel Aleu, de 41 años; Lester Lavin, de 43; Yohander Jorrin Melhen, de 42, y Leonard Betancourt, de 46. La trama también involucró a sus esposas, entre ellas María Del Pilar Aleu, Anisleydi Vergel Hermida, Milagros Marileisis Acosta Torres y Yusmary Shriley Durán. La participación de cada una estuvo relacionada principalmente con la recepción, el depósito o el movimiento del dinero obtenido mediante los vales fraudulentos.
El esquema no se limitaba a extraer efectivo del casino. De acuerdo con la investigación, los fondos eran trasladados al sistema bancario a través de cuentas abiertas en instituciones financieras convencionales, lo que permitía ocultar su procedencia y utilizarlos posteriormente en gastos familiares y adquisición de bienes. Las autoridades sostienen que el fraude total superó los cinco millones de dólares, aunque el expediente no detalla cuánto dinero fue lavado individualmente por cada una de las mujeres implicadas.
Depósitos, bienes y reconocimiento penal
Acosta Torres, que estaba casada con Jorrin Melhen, abrió cuentas en JPMorgan Chase y Bank of America para depositar el efectivo que su esposo llevaba desde el casino. Entre 2011 y 2014 ingresó al menos 39.863 dólares en una de las cuentas y 16.830 dólares en la otra, según los datos incorporados a la investigación.
La pareja empleó parte del dinero para comprar una vivienda en Miami y tres vehículos, además de contratar planes de prepago universitario para sus hijos. El uso de los fondos en bienes familiares es uno de los elementos que, según el expediente, demuestra que la acusada no fue una receptora incidental del dinero, sino que participó conscientemente en su incorporación al circuito financiero.
En julio de 2019, las autoridades presentaron una acusación formal contra Acosta Torres por lavado de dinero. Seis meses después, la mujer se declaró culpable y firmó una “Declaración de Hechos Estipulada”, en la que admitió haber lavado 147.970 dólares sabiendo que procedían del robo al casino. La cifra reconocida en el proceso penal es inferior al monto total del fraude atribuido a la red, pero bastó para establecer su responsabilidad por una parte concreta de la operación.
Por ese delito fue condenada a seis meses de prisión y 36 meses de libertad supervisada, además de quedar obligada a restituir el dinero relacionado con el lavado. La resolución penal no contempló una deportación, una consecuencia que no se produce automáticamente por toda condena criminal y que depende, entre otros factores, de la situación migratoria de la persona y de los procedimientos iniciados por las autoridades.
La contradicción en la solicitud de naturalización
El punto central del proceso de desnacionalización fue la información presentada por Acosta Torres al solicitar la ciudadanía. La mujer presentó su solicitud de naturalización, mediante el formulario N-400, el 15 de agosto de 2015. Tres meses después, obtuvo la ciudadanía estadounidense, mientras la operación fraudulenta todavía estaba en curso, según la cronología del caso.
En el formulario, firmado bajo pena de perjurio, respondió “no” a la pregunta que le pedía indicar si había cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito por el que no hubiera sido arrestada. También negó durante la entrevista de naturalización, realizada bajo juramento, haber cometido delitos. Para la jueza, esas respuestas no fueron simples omisiones administrativas: ocultaron hechos relevantes para determinar si cumplía los requisitos legales de buena conducta moral y si tenía derecho a la naturalización.
La posterior declaración de culpabilidad permitió establecer que, cuando solicitó la ciudadanía, ya había participado en el movimiento de dinero procedente del casino. La conclusión judicial se basa en esa relación temporal y en la contradicción entre sus respuestas ante los funcionarios de inmigración y las admisiones realizadas en el proceso penal.
Consecuencias migratorias aún por definir
La revocación no constituye una nueva condena por el fraude ni modifica la pena de prisión ya cumplida. Su efecto principal es anular la ciudadanía obtenida mediante información falsa o la ocultación de hechos relevantes. A partir de esa decisión, Acosta Torres deja de contar con la protección y los derechos derivados de la ciudadanía estadounidense y su situación vuelve a depender de la categoría migratoria que pudiera tener antes de naturalizarse.
El fallo tampoco establece por sí mismo cuál será el desenlace migratorio definitivo. La eventual deportación requeriría un procedimiento separado y estaría sujeta a las normas de inmigración aplicables, así como a las garantías procesales correspondientes. El caso muestra, sin embargo, que la naturalización no impide que el Gobierno revise posteriormente la legalidad de su concesión cuando existen pruebas de fraude, perjurio u ocultamiento de delitos relevantes.
La resolución también pone de relieve la importancia de la información entregada durante el proceso de ciudadanía. Una condena posterior puede activar una revisión de la naturalización cuando los hechos demuestran que la persona ya había cometido delitos o había falseado respuestas antes de convertirse en ciudadana. En este caso, la jueza consideró que la mentira bajo juramento estuvo directamente relacionada con la obtención de la nacionalidad y que, por ello, la ciudadanía no podía mantenerse.