Un juez federal emitió una orden de captura contra el empresario Eduardo Ederly González por su presunta participación como instigador en el asesinato del estilista e influencer Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, según informaron este viernes medios nacionales. De la Mora, de 28 años, murió en septiembre del año pasado tras recibir disparos afuera de su salón, en Polanco. La orden amplía la investigación más allá de los dos presuntos autores materiales detenidos en abril, aunque no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.
La investigación apunta a una posible instigación
Las informaciones difundidas sobre la orden señalan que la participación que se atribuye a González habría sido la de instigar el crimen. La acusación, por tanto, se refiere a un presunto papel distinto del de quienes habrían ejecutado el ataque. La información disponible no detalla qué elementos concretos llevaron al juez a emitir la orden ni precisa cuándo podría ser detenido el empresario. González ha negado haber cometido el asesinato.
La orden se conoce meses después de que las autoridades capitalinas detuvieran a dos jóvenes, de 19 y 24 años, acusados de ser los pistoleros. La Fiscalía cumplimentó esas órdenes de arresto en abril. Uno de los detenidos ya estaba en prisión desde marzo, cuando fue arrestado en la alcaldía Cuauhtémoc por posesión de drogas y un arma; el otro fue capturado ese mismo mes en Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
La versión oficial sostiene que un sicario que viajaba en motocicleta disparó cinco veces contra De la Mora. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, descartó pronto que se tratara de un asalto y describió el hecho como un ataque directo. Según sus declaraciones, los agresores huyeron en una moto. El ataque ocurrió en la esquina de Moliere y Presidente Masaryk, cuando el estilista salía de su centro de estética.
Las amenazas denunciadas antes del crimen
Uno de los antecedentes relevantes de la investigación es que De la Mora había denunciado amenazas y hostigamiento antes de morir, y solicitó una orden de restricción contra González. Un documento de la Fiscalía capitalina difundido por Grupo Imagen indicaba que la dependencia pidió al empresario abstenerse de molestar o intimidar al estilista. Ese antecedente sitúa la relación entre ambos en el centro del caso, pero no establece por sí solo quién ordenó el asesinato ni demuestra una conexión causal.
González, de 38 años, reconoció en una entrevista que había mantenido una amistad con De la Mora en 2021. Afirmó que la relación terminó por un conflicto económico: sostuvo que el estilista no liquidó un préstamo de cuatro millones de pesos, equivalente a unos 216.000 dólares, ni honorarios superiores a tres millones de pesos —unos 162.000 dólares— por la construcción del salón. El empresario presentó así la ruptura como una disputa financiera y negó que tuviera relación con el crimen organizado.
Cuando se le preguntó si había cometido el asesinato, González respondió en otra entrevista, días después del crimen: “No, para nada. Soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal”. Esas declaraciones reflejan su versión, pero no sustituyen las diligencias judiciales ni resuelven las imputaciones que ahora sustentan la orden de captura. La información difundida hasta el momento tampoco precisa si González ha sido localizado o si ha comparecido ante las autoridades.
Un ataque en una zona comercial de Polanco
La muerte de De la Mora atrajo rápidamente la atención pública por la violencia del ataque y el lugar en que ocurrió, en una de las zonas más lujosas de la capital. Su perfil en redes sociales reunía a más de 170.000 seguidores y su clientela incluía a figuras mexicanas como las cantantes Ángela Aguilar y Kenia Os, y la actriz Natasha Dupeyrón. Su notoriedad contribuyó a que el caso recibiera atención mediática desde los primeros días.
La secuencia conocida de la investigación muestra dos planos aún por esclarecer: la presunta ejecución material, atribuida a los jóvenes detenidos, y la posible instigación que las autoridades relacionan con González. La orden contra el empresario representa un nuevo paso procesal, pero la distancia entre una orden de captura y una resolución judicial definitiva sigue siendo fundamental: corresponde a las autoridades presentar las pruebas y a los tribunales determinar responsabilidades conforme avance el proceso.