La juez federal Araceli Martínez-Olguín ha ordenado suspender hasta el cierre de las urnas del 3 de noviembre las operaciones de campo y las entrevistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinadas a investigar la elegibilidad electoral en nueve estados. La medida, dictada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, impide actuar contra personas que las autoridades sepan, sospechen o deban razonablemente sospechar que son ciudadanas estadounidenses, y bloquea también las actuaciones basadas únicamente en registros del sistema TECS generados por la denominada “Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes”.
La resolución entrará en vigor a las 17.00 horas, hora local, de este viernes 23 de octubre, y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas del 3 de noviembre, cuando concluye la jornada electoral. El fallo supone un freno inmediato a la “Iniciativa de Votantes Ilegales”, lanzada por la Administración Trump en agosto para intensificar la persecución del supuesto fraude electoral mediante agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Una prohibición limitada, pero decisiva
La orden afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin, estados con importantes poblaciones electorales y, en varios casos, con un peso relevante en la competencia política nacional. La jueza no ha impedido cualquier investigación migratoria del DHS, sino aquellas operaciones e interrogatorios vinculados a la elegibilidad para votar cuando puedan alcanzar a ciudadanos estadounidenses.
La precisión de la medida resulta determinante. El tribunal no cuestiona de forma general la autoridad federal para investigar infracciones electorales o migratorias, sino el uso de procedimientos que, según la demanda, pueden convertir datos incompletos en intervenciones policiales dirigidas contra personas con derecho a votar. En la práctica, la prohibición paraliza las acciones que podían generar un efecto disuasorio justo antes de la elección, incluso cuando no se hubiera producido todavía una detención.
El problema de las listas de objetivos
La demanda fue presentada, entre otros actores, por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. Estas organizaciones sostuvieron que sus trabajadores, voluntarios y participantes habían reducido o abandonado tareas de movilización, educación y asistencia electoral por temor a ser interrogados, investigados o detenidos por error.
La jueza ha considerado que el sindicato de enfermeras tiene una alta probabilidad de demostrar que las actuaciones gubernamentales vulneran la sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a una persona para impedir su participación electoral. El razonamiento central de la resolución vincula el riesgo de error administrativo con sus consecuencias concretas: una lista defectuosa no se queda en un archivo, sino que puede desencadenar la presencia de agentes armados en un domicilio o un interrogatorio sobre la condición ciudadana de un votante.
Según el expediente judicial, el Gobierno elaboró sus listas a partir de casi 100 millones de registros procedentes de fuentes diversas. Estados Unidos no dispone de una base de datos federal única y completa sobre ciudadanía, por lo que la depuración de esos registros presenta un margen de error especialmente elevado. Para el tribunal, esa carencia dificulta distinguir entre una persona que no puede votar y un ciudadano estadounidense incluido por coincidencias de nombres, datos desactualizados u otras inconsistencias.
El temor como efecto electoral
La resolución sostiene que el uso de información inexacta, combinado con el despliegue de agentes armados y la difusión de arrestos en las redes sociales del DHS, produce un temor “objetivamente razonable” a sufrir consecuencias legales o policiales. La intimidación, en este análisis, no exige que cada ciudadano haya recibido una amenaza explícita. Puede surgir de un patrón de actuaciones oficiales que haga creíble la posibilidad de ser señalado por error.
Ese criterio amplía el foco más allá de los casos individuales. El tribunal considera que el daño potencial alcanza a la organización de las campañas electorales: si ciudadanos, enfermeras, voluntarios o líderes comunitarios dejan de contactar con votantes para evitar una investigación, la interferencia afecta a la movilización y al acceso a la información, aunque no se prohíba formalmente votar.
Un choque entre seguridad electoral y participación
La Administración Trump presentó la iniciativa como parte de su estrategia contra el fraude electoral y de su prioridad por verificar que quienes acuden a las urnas cumplen los requisitos legales. La decisión judicial no resuelve definitivamente el litigio ni determina que toda investigación sobre la elegibilidad sea ilegal. Establece, en cambio, que los métodos cuestionados deben detenerse mientras avanza el proceso, porque el perjuicio a la participación electoral puede producirse antes de que un tribunal examine el fondo del caso.
Martínez-Olguín ha concluido que el interés público en unas elecciones seguras y libres de intimidación pesa mucho más que el interés de las autoridades federales en investigar el fraude mediante estas operaciones concretas. El plazo de la cautelar, ajustado al cierre de las urnas, refleja la urgencia del conflicto: una eventual reparación posterior no compensaría plenamente a quienes hubieran dejado de participar o de ayudar a otros votantes por miedo a una actuación policial equivocada.