La Fiscalía General del Estado inició una etapa de transición marcada por dos plazos y una promesa institucional: renovar sus principales estructuras sin convertir el relevo en una simple sustitución de nombres. A quince días de la salida de Róger Mariaca, el fiscal general José Armando Urioste Viera posesionó a siete de los nueve fiscales departamentales y anunció que en un máximo de 90 días pretende encaminar una reestructuración institucionalizada del Ministerio Público.
Siete designaciones para recomponer el mando territorial
El primer dato relevante es la velocidad del cambio. Urioste conformó en menos de dos semanas el equipo que deberá conducir a las fiscalías departamentales durante la transición. Prestaron juramento Williams Ariel Sandy Copa, por Chuquisaca; Eddy Ordóñez Tapia, por Cochabamba; Fernando López Rojas, por Santa Cruz; Pablo Daniel Manrique Videla, por Potosí; Aníbal Giovanni Cabezas Flores, por Tarija; Franz Zulmer Villegas Chávez, por Oruro, y Orlando Aramayo Chávez, por Beni.
Los representantes de La Paz, Gabriel Quiroga Vargas, y de Pando, Adriana Rodríguez Melena, no estuvieron presentes en el acto porque no pudieron llegar, según la explicación ofrecida por el fiscal general. Aunque el proceso todavía no está completo en términos formales, el mensaje político es claro: Urioste busca contar con una estructura territorial propia para modificar la percepción pública de una institución golpeada por la crisis de conducción anterior.
La composición del nuevo equipo combina perfiles distintos. Algunos fiscales, como los de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, tienen antecedentes reconocidos en el ejercicio del Derecho y la docencia universitaria. En Beni, en cambio, destaca la experiencia acumulada por Aramayo, quien ocupaba el cargo de fiscal superior antes de asumir la responsabilidad departamental. Esa mezcla puede aportar conocimiento técnico y continuidad operativa, aunque también plantea el desafío de demostrar que la renovación no será únicamente nominal.
El plazo de 90 días pone a prueba la institucionalización
El segundo ancla de esta transición es el plazo anunciado por Urioste. La Fiscalía comenzará un proceso de institucionalización para designar a los fiscales de distrito y pretende que en 90 días exista una base capaz de sostener una reestructuración más permanente. El anuncio adquiere importancia porque intenta separar la renovación de autoridades de la lógica de las designaciones discrecionales, una de las fuentes recurrentes de cuestionamiento al Ministerio Público.
Para ese objetivo, la Fiscalía General prepara un nuevo reglamento de convocatoria apoyado en cinco criterios: transparencia, examen de competencia, meritocracia, experiencia y designación independiente, sin intervención directa del fiscal general del Estado. La propuesta apunta a crear un procedimiento verificable y menos dependiente de la voluntad de una sola autoridad.
Sin embargo, el reglamento por sí solo no resolverá el problema. La credibilidad dependerá de cómo se publiquen las convocatorias, quién evalúe a los postulantes, qué criterios se utilicen para comparar méritos y cómo se expliquen las decisiones finales. La independencia anunciada tendrá que traducirse en controles concretos, trazabilidad de las evaluaciones y mecanismos que reduzcan la influencia política o corporativa sobre los nombramientos.
Menos de 80 días para cambiar la imagen institucional
El tercer punto crítico es el tiempo operativo. Urioste sostuvo que su equipo tiene menos de 80 días para cambiar la imagen del Ministerio Público, un periodo todavía más corto que el plazo de 90 días fijado para la reestructuración. La diferencia revela que la transición no será evaluada únicamente por sus normas futuras, sino por resultados inmediatos en la atención de casos, la coordinación territorial y la relación con los ciudadanos.
La instrucción transmitida a los nuevos fiscales fue entregar un Ministerio Público que ya esté funcionando y garantizar el acceso a la justicia tanto para la persona más humilde como para el empresario más rico. La frase establece una prioridad de igualdad ante la ley, pero también eleva las expectativas sobre una institución cuya legitimidad se mide en los tribunales, en las investigaciones y en la capacidad de responder sin demoras selectivas.
El desafío será evitar que la urgencia produzca decisiones improvisadas. Una Fiscalía que busca recuperar autoridad necesita mostrar actividad, pero también consistencia: investigaciones sustentadas, atención equilibrada a víctimas y acusados, criterios uniformes entre departamentos y rendición de cuentas sobre los resultados. La renovación de rostros tendrá valor institucional únicamente si modifica esas prácticas.
La presión política exige independencia real
El cuarto ancla apareció en las advertencias formuladas durante la posesión. El vicepresidente Edmand Lara pidió a los nuevos fiscales no perseguir a quienes piensan diferente, no responder a intereses políticos ni utilizar sus cargos para cobrar cuentas pendientes. Les asignó, en cambio, la tarea de defender a las víctimas e investigar con responsabilidad. El mensaje reconoce el principal riesgo de una transición: que el cambio de autoridades sea interpretado como una oportunidad para reemplazar una forma de presión por otra.
Desde el Comité pro Santa Cruz se planteó que la elección de los fiscales regionales quede en manos de las asambleas legislativas departamentales, mediante un mecanismo similar al utilizado para elegir al fiscal general. La propuesta introduce una disputa sobre el modelo de descentralización y control político de las fiscalías. Dar mayor participación a los departamentos podría reforzar la representación territorial, pero también podría trasladar las presiones partidarias desde el nivel nacional hacia las estructuras regionales.
La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, añadió otra exigencia: que la Asamblea Legislativa avance en la designación del nuevo fiscal general para evitar las prórrogas. Así, la transición de Urioste queda vinculada a una discusión más amplia sobre la legitimidad de las autoridades y la duración de los mandatos. El éxito de los próximos meses dependerá de que la Fiscalía logre renovar sus procedimientos sin perder independencia, y de que el sistema político acepte que una institución creíble requiere reglas previsibles, controles públicos y decisiones ajenas a la revancha.