Un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi ofrece una alternativa de residencia a 30.715 personas que tienen solicitudes de refugio pendientes en Uruguay. De ellas, 27.337 son cubanas. La medida busca regularizar a migrantes que ya viven y trabajan en el país, aunque no concede residencia automática: quienes quieran acogerse deberán cumplir requisitos y, si su petición de refugio sigue en trámite, renunciar a ese procedimiento.
La regularización tiene condiciones concretas
La Residencia por Arraigo está dirigida a quienes ingresaron regularmente por un punto migratorio habilitado antes del 1 de enero de 2026. También pueden solicitarla las personas cuya petición de refugio fue denegada. La fecha de ingreso y la situación del expediente delimitan, por tanto, quién puede cambiar de vía y quién queda fuera del programa.
Los interesados deberán presentar ante la Dirección Nacional de Migración una fotografía tamaño carné, un documento de identidad vigente, antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior y certificado de vacunación. También tendrán que acreditar medios de vida propios. Entre las pruebas admitidas figuran los recibos de aportes al Banco de Previsión Social, que registran la contribución de los trabajadores al sistema de seguridad social.
Un cambio de vía con un costo jurídico
Para quienes aún esperan una respuesta al pedido de refugio, acogerse al decreto implica abandonar ese proceso. La decisión plantea una elección entre continuar con una solicitud pendiente o acceder a una ruta de residencia basada en el arraigo. La opción puede ofrecer mayor previsibilidad a quienes ya desarrollan su vida en Uruguay, pero su conveniencia dependerá de las circunstancias de cada persona y de las consecuencias de renunciar al trámite de protección.
La diputada cubana Leydis Aguilera presentó la medida como continuidad del mecanismo aprobado en 2024 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Según explicó, aquella vía estaba limitada a quienes habían llegado antes del 23 de mayo de ese año; el nuevo decreto amplía el margen temporal hasta el inicio de 2026. Aguilera también señaló que muchos migrantes que llegan al país son profesionales con licenciatura, maestría o doctorado.
Una llegada que ya se refleja en el trabajo
La dimensión del fenómeno aparece también en los registros laborales. En enero de 2026, más de 104.000 migrantes cotizaban al sistema de previsión social uruguayo, cerca del 7% del total de trabajadores registrados. La cifra no equivale al número de solicitantes de residencia, pero ayuda a explicar por qué el decreto pone el sustento económico y los aportes laborales entre sus requisitos: una parte importante de la población migrante ya participa en la economía formal.
Los datos sobre las llegadas cubanas muestran la presión que precede a esta regularización. Un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia y la Organización Internacional para las Migraciones estimó que 11.000 cubanos cruzaron entre enero y octubre por el paso fronterizo entre Sant’Ana do Livramento, en Brasil, y Rivera, en Uruguay, a un promedio de 30 personas diarias. El diario uruguayo El País informó, por su parte, que el año anterior entraron más de 22.000 cubanos y que 14.900 se quedaron.
La residencia como respuesta a una realidad establecida
El decreto reconoce una distancia entre los procedimientos de protección y la vida cotidiana de quienes permanecen en el país durante largos periodos. Regularizar a quienes trabajan y acreditan medios de vida puede reducir esa brecha y dar mayor claridad administrativa tanto a los migrantes como al Estado. Pero el alcance efectivo dependerá de cómo se aplique el programa, de la capacidad de tramitar las solicitudes y de las garantías disponibles para quienes deban abandonar una petición de refugio pendiente. Aguilera afirmó que seguirá impulsando en el Parlamento el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.