Inicio / Noticias / Internacional / Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y descarta presión a la GobernaciónEl gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la Gobernación no pagará el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud, porque, según la Ley N.º 1771, desde la gestión 2026 su financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes. El pronunciamiento se produjo ante la protesta instalada frente a la sede departamental y estuvo acompañado por un rechazo a que las demandas se impongan mediante presión sindical o paralización de servicios.Velasco sostuvo que la exigencia debe dirigirse a las autoridades nacionales con competencia legal para resolverla. También respaldó a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien dialogó con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta del Gobierno nacional sobre el beneficio. El gobernador recalcó que la administración departamental no asumirá responsabilidades que, a su juicio, la normativa asigna a otra instancia.La disputa se centra en quién debe responderEl argumento de Velasco sitúa el conflicto en el reparto de competencias entre los niveles departamental y nacional. El gobernador dijo que las responsabilidades institucionales no se determinan por la presión de un sindicato, sino por el marco jurídico vigente, y calificó de infundada la reclamación dirigida a la Gobernación. La aplicación de esa interpretación y la respuesta concreta sobre el pago quedan, por ahora, en manos de las autoridades nacionales a las que Aguirre prevé acudir.La protesta, por tanto, no solo expone una demanda laboral: también pone a prueba los canales de coordinación entre instituciones y la capacidad de dar una respuesta sin que se interrumpa la atención sanitaria. En su declaración, Velasco no anunció una solución departamental ni precisó cuándo podría pronunciarse el Ministerio. La gestión en La Paz aparece como el siguiente paso anunciado para buscar una definición sobre el bono.Salarios y servicios, en el centro del debatePara respaldar la posición de su administración, Velasco afirmó que los salarios del personal de salud se pagan puntualmente el primer día hábil de cada mes, una regularidad que, señaló, costó alcanzar. Mencionó además trabajos de mejora en infraestructura hospitalaria, modernización administrativa, digitalización de servicios y recuperación progresiva de la capacidad operativa del sistema departamental. No ofreció cifras ni plazos para esas iniciativas, pero las presentó como parte de las obligaciones que la Gobernación asegura estar cumpliendo.El gobernador pidió a los trabajadores mantener la atención a los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar a personas que esperan consultas, cirugías y tratamientos. Su planteamiento contrapone dos derechos que deben considerarse en la gestión del conflicto: la protección de las reivindicaciones laborales y la continuidad de prestaciones que pueden ser decisivas para la salud de la población. La advertencia no implica que la protesta ya haya suspendido todos los servicios; el pronunciamiento se refirió al riesgo de que ocurra.El diálogo institucional, próximo punto de presiónVelasco exhortó a los dirigentes a canalizar sus demandas ante las entidades que, de acuerdo con su lectura de la ley, tienen atribución para resolverlas. A la vez, reconoció a los profesionales que continúan trabajando y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán la hoja de ruta departamental para transformar el sistema sanitario. Defendió el diálogo técnico e institucional como vía de resolución, aunque mantuvo una posición firme frente a cualquier mecanismo de coerción.La disputa dependerá ahora de si las autoridades nacionales ofrecen una respuesta sobre el financiamiento del bono y de cómo evoluciona la protesta mientras se realizan esas gestiones. Para los pacientes, el efecto inmediato más relevante será que los servicios esenciales puedan mantenerse; para los trabajadores, la cuestión pendiente es obtener claridad sobre el pago reclamado. La Gobernación sostiene que seguirá adelante con sus planes sanitarios, pero el desenlace del reclamo exige una definición de la instancia que Velasco identifica como responsable.

Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y descarta presión a la GobernaciónEl gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la Gobernación no pagará el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud, porque, según la Ley N.º 1771, desde la gestión 2026 su financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes. El pronunciamiento se produjo ante la protesta instalada frente a la sede departamental y estuvo acompañado por un rechazo a que las demandas se impongan mediante presión sindical o paralización de servicios.Velasco sostuvo que la exigencia debe dirigirse a las autoridades nacionales con competencia legal para resolverla. También respaldó a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien dialogó con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta del Gobierno nacional sobre el beneficio. El gobernador recalcó que la administración departamental no asumirá responsabilidades que, a su juicio, la normativa asigna a otra instancia.La disputa se centra en quién debe responderEl argumento de Velasco sitúa el conflicto en el reparto de competencias entre los niveles departamental y nacional. El gobernador dijo que las responsabilidades institucionales no se determinan por la presión de un sindicato, sino por el marco jurídico vigente, y calificó de infundada la reclamación dirigida a la Gobernación. La aplicación de esa interpretación y la respuesta concreta sobre el pago quedan, por ahora, en manos de las autoridades nacionales a las que Aguirre prevé acudir.La protesta, por tanto, no solo expone una demanda laboral: también pone a prueba los canales de coordinación entre instituciones y la capacidad de dar una respuesta sin que se interrumpa la atención sanitaria. En su declaración, Velasco no anunció una solución departamental ni precisó cuándo podría pronunciarse el Ministerio. La gestión en La Paz aparece como el siguiente paso anunciado para buscar una definición sobre el bono.Salarios y servicios, en el centro del debatePara respaldar la posición de su administración, Velasco afirmó que los salarios del personal de salud se pagan puntualmente el primer día hábil de cada mes, una regularidad que, señaló, costó alcanzar. Mencionó además trabajos de mejora en infraestructura hospitalaria, modernización administrativa, digitalización de servicios y recuperación progresiva de la capacidad operativa del sistema departamental. No ofreció cifras ni plazos para esas iniciativas, pero las presentó como parte de las obligaciones que la Gobernación asegura estar cumpliendo.El gobernador pidió a los trabajadores mantener la atención a los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar a personas que esperan consultas, cirugías y tratamientos. Su planteamiento contrapone dos derechos que deben considerarse en la gestión del conflicto: la protección de las reivindicaciones laborales y la continuidad de prestaciones que pueden ser decisivas para la salud de la población. La advertencia no implica que la protesta ya haya suspendido todos los servicios; el pronunciamiento se refirió al riesgo de que ocurra.El diálogo institucional, próximo punto de presiónVelasco exhortó a los dirigentes a canalizar sus demandas ante las entidades que, de acuerdo con su lectura de la ley, tienen atribución para resolverlas. A la vez, reconoció a los profesionales que continúan trabajando y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán la hoja de ruta departamental para transformar el sistema sanitario. Defendió el diálogo técnico e institucional como vía de resolución, aunque mantuvo una posición firme frente a cualquier mecanismo de coerción.La disputa dependerá ahora de si las autoridades nacionales ofrecen una respuesta sobre el financiamiento del bono y de cómo evoluciona la protesta mientras se realizan esas gestiones. Para los pacientes, el efecto inmediato más relevante será que los servicios esenciales puedan mantenerse; para los trabajadores, la cuestión pendiente es obtener claridad sobre el pago reclamado. La Gobernación sostiene que seguirá adelante con sus planes sanitarios, pero el desenlace del reclamo exige una definición de la instancia que Velasco identifica como responsable.

Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y descarta presión a la Gobernación

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la Gobernación no pagará el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud, porque, según la Ley N.º 1771, desde la gestión 2026 su financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes. El pronunciamiento se produjo ante la protesta instalada frente a la sede departamental y estuvo acompañado por un rechazo a que las demandas se impongan mediante presión sindical o paralización de servicios.

Velasco sostuvo que la exigencia debe dirigirse a las autoridades nacionales con competencia legal para resolverla. También respaldó a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien dialogó con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta del Gobierno nacional sobre el beneficio. El gobernador recalcó que la administración departamental no asumirá responsabilidades que, a su juicio, la normativa asigna a otra instancia.

La disputa se centra en quién debe responder

El argumento de Velasco sitúa el conflicto en el reparto de competencias entre los niveles departamental y nacional. El gobernador dijo que las responsabilidades institucionales no se determinan por la presión de un sindicato, sino por el marco jurídico vigente, y calificó de infundada la reclamación dirigida a la Gobernación. La aplicación de esa interpretación y la respuesta concreta sobre el pago quedan, por ahora, en manos de las autoridades nacionales a las que Aguirre prevé acudir.

La protesta, por tanto, no solo expone una demanda laboral: también pone a prueba los canales de coordinación entre instituciones y la capacidad de dar una respuesta sin que se interrumpa la atención sanitaria. En su declaración, Velasco no anunció una solución departamental ni precisó cuándo podría pronunciarse el Ministerio. La gestión en La Paz aparece como el siguiente paso anunciado para buscar una definición sobre el bono.

Salarios y servicios, en el centro del debate

Para respaldar la posición de su administración, Velasco afirmó que los salarios del personal de salud se pagan puntualmente el primer día hábil de cada mes, una regularidad que, señaló, costó alcanzar. Mencionó además trabajos de mejora en infraestructura hospitalaria, modernización administrativa, digitalización de servicios y recuperación progresiva de la capacidad operativa del sistema departamental. No ofreció cifras ni plazos para esas iniciativas, pero las presentó como parte de las obligaciones que la Gobernación asegura estar cumpliendo.

El gobernador pidió a los trabajadores mantener la atención a los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar a personas que esperan consultas, cirugías y tratamientos. Su planteamiento contrapone dos derechos que deben considerarse en la gestión del conflicto: la protección de las reivindicaciones laborales y la continuidad de prestaciones que pueden ser decisivas para la salud de la población. La advertencia no implica que la protesta ya haya suspendido todos los servicios; el pronunciamiento se refirió al riesgo de que ocurra.

El diálogo institucional, próximo punto de presión

Velasco exhortó a los dirigentes a canalizar sus demandas ante las entidades que, de acuerdo con su lectura de la ley, tienen atribución para resolverlas. A la vez, reconoció a los profesionales que continúan trabajando y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán la hoja de ruta departamental para transformar el sistema sanitario. Defendió el diálogo técnico e institucional como vía de resolución, aunque mantuvo una posición firme frente a cualquier mecanismo de coerción.

La disputa dependerá ahora de si las autoridades nacionales ofrecen una respuesta sobre el financiamiento del bono y de cómo evoluciona la protesta mientras se realizan esas gestiones. Para los pacientes, el efecto inmediato más relevante será que los servicios esenciales puedan mantenerse; para los trabajadores, la cuestión pendiente es obtener claridad sobre el pago reclamado. La Gobernación sostiene que seguirá adelante con sus planes sanitarios, pero el desenlace del reclamo exige una definición de la instancia que Velasco identifica como responsable.