Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y rechaza presiones sindicalesEl gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la administración departamental no tiene competencia para pagar el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud que protestaron frente a la Gobernación. Según sostuvo, desde la gestión 2026 la financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes, conforme a la Ley N.º 1771. En ese marco, pidió que las demandas se dirijan a las autoridades nacionales y rechazó que la interrupción de servicios sea utilizada como mecanismo de presión.La declaración se produjo mientras representantes y trabajadores sanitarios mantenían una protesta ante la sede del gobierno departamental. Velasco cuestionó que la movilización estuviera dirigida a la Gobernación, al considerar que la obligación reclamada quedó asignada por ley al nivel central. No se informó en el pronunciamiento sobre una fecha para el pago, el monto del bono ni una respuesta del Ministerio de Salud y Deportes a la demanda.La disputa se centra en quién debe financiar el beneficioVelasco sostuvo que las competencias públicas deben establecerse a partir de las normas vigentes y no de la presión sindical. En su evaluación, exigir a la Gobernación que asuma el pago carece de fundamento competencial porque, desde 2026, el financiamiento fue atribuido al Ministerio de Salud y Deportes. La referencia a la Ley N.º 1771 constituye el eje jurídico de su respuesta; sin embargo, el gobernador no detalló durante su intervención los mecanismos administrativos previstos para concretar el desembolso ni el calendario de aplicación.La diferencia entre la responsabilidad financiera y la administración de los servicios de salud es central en el conflicto. La protesta se realizó ante una institución departamental, mientras que el gobernador identifica al Gobierno nacional como la instancia con capacidad legal para resolver la obligación. Esa distribución de funciones explica la posición de la Gobernación, pero no resuelve por sí misma la demanda de los trabajadores: para ello se requiere una respuesta de las autoridades señaladas como competentes y claridad sobre los pasos y plazos de pago.Velasco respaldó públicamente a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien salió a dialogar con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta de las autoridades nacionales. El viaje anunciado abre una vía institucional de interlocución, aunque todavía no supone un acuerdo ni una solución confirmada. La intervención de Aguirre también muestra que, pese al rechazo a trasladar la obligación financiera a la Gobernación, el Ejecutivo departamental prevé realizar gestiones ante el nivel central.El gobernador defiende la gestión departamental y pide mantener la atenciónEn su mensaje, Velasco afirmó que la Gobernación ha pagado puntualmente los salarios del personal de salud, el primer día hábil de cada mes, y describió ese cumplimiento como un avance que, según dijo, requirió un esfuerzo considerable. También mencionó intervenciones en infraestructura hospitalaria, modernización de procesos administrativos, digitalización de servicios y medidas para recuperar progresivamente la capacidad operativa del sistema sanitario departamental.Esas referencias forman parte de la defensa de la gestión departamental, pero no modifican la cuestión específica del bono, cuya financiación el gobernador atribuye al Gobierno nacional. La distinción es relevante para entender el alcance del reclamo: una administración puede responder por salarios u otras tareas de su ámbito y, al mismo tiempo, sostener que un beneficio concreto corresponde a otra instancia. El pronunciamiento no ofreció datos sobre el avance, el presupuesto o los resultados medibles de las mejoras mencionadas.El gobernador dirigió además un llamado al personal sanitario para que priorice la atención de los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar consultas, cirugías, tratamientos y otras prestaciones. Señaló que los derechos laborales deben respetarse, pero los puso en relación con los derechos de quienes esperan atención. No precisó qué servicios estaban suspendidos o amenazados por la protesta, por lo que el alcance concreto de la afectación a los pacientes no quedó establecido en sus declaraciones.Sin acuerdo anunciado, el diálogo queda pendienteVelasco pidió a los dirigentes sindicales canalizar sus solicitudes ante las autoridades que, según la ley, tienen competencia para resolverlas. A la vez, manifestó respeto y reconocimiento a los profesionales de salud y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán los cambios que su administración pretende impulsar. Su tono fue firme y descartó que la Gobernación ceda ante medidas de coerción; esa postura mantiene abierta la disputa sobre la sede de la negociación, aunque Aguirre anunció una gestión directa en La Paz.El gobernador concluyó que el sistema de salud pertenece a la población cruceña y no a sindicatos, dirigentes o políticos, y afirmó que la Gobernación continuará con su hoja de ruta. Por ahora, los elementos conocidos son la protesta, la atribución legal del financiamiento al nivel nacional según Velasco y el viaje anunciado por la vicegobernadora. La respuesta del Ministerio y la evolución de la movilización serán determinantes para saber si la gestión anunciada permite avanzar hacia una solución sin comprometer la atención sanitaria.

Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y rechaza presiones sindicalesEl gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la administración departamental no tiene competencia para pagar el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud que protestaron frente a la Gobernación. Según sostuvo, desde la gestión 2026 la financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes, conforme a la Ley N.º 1771. En ese marco, pidió que las demandas se dirijan a las autoridades nacionales y rechazó que la interrupción de servicios sea utilizada como mecanismo de presión.La declaración se produjo mientras representantes y trabajadores sanitarios mantenían una protesta ante la sede del gobierno departamental. Velasco cuestionó que la movilización estuviera dirigida a la Gobernación, al considerar que la obligación reclamada quedó asignada por ley al nivel central. No se informó en el pronunciamiento sobre una fecha para el pago, el monto del bono ni una respuesta del Ministerio de Salud y Deportes a la demanda.La disputa se centra en quién debe financiar el beneficioVelasco sostuvo que las competencias públicas deben establecerse a partir de las normas vigentes y no de la presión sindical. En su evaluación, exigir a la Gobernación que asuma el pago carece de fundamento competencial porque, desde 2026, el financiamiento fue atribuido al Ministerio de Salud y Deportes. La referencia a la Ley N.º 1771 constituye el eje jurídico de su respuesta; sin embargo, el gobernador no detalló durante su intervención los mecanismos administrativos previstos para concretar el desembolso ni el calendario de aplicación.La diferencia entre la responsabilidad financiera y la administración de los servicios de salud es central en el conflicto. La protesta se realizó ante una institución departamental, mientras que el gobernador identifica al Gobierno nacional como la instancia con capacidad legal para resolver la obligación. Esa distribución de funciones explica la posición de la Gobernación, pero no resuelve por sí misma la demanda de los trabajadores: para ello se requiere una respuesta de las autoridades señaladas como competentes y claridad sobre los pasos y plazos de pago.Velasco respaldó públicamente a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien salió a dialogar con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta de las autoridades nacionales. El viaje anunciado abre una vía institucional de interlocución, aunque todavía no supone un acuerdo ni una solución confirmada. La intervención de Aguirre también muestra que, pese al rechazo a trasladar la obligación financiera a la Gobernación, el Ejecutivo departamental prevé realizar gestiones ante el nivel central.El gobernador defiende la gestión departamental y pide mantener la atenciónEn su mensaje, Velasco afirmó que la Gobernación ha pagado puntualmente los salarios del personal de salud, el primer día hábil de cada mes, y describió ese cumplimiento como un avance que, según dijo, requirió un esfuerzo considerable. También mencionó intervenciones en infraestructura hospitalaria, modernización de procesos administrativos, digitalización de servicios y medidas para recuperar progresivamente la capacidad operativa del sistema sanitario departamental.Esas referencias forman parte de la defensa de la gestión departamental, pero no modifican la cuestión específica del bono, cuya financiación el gobernador atribuye al Gobierno nacional. La distinción es relevante para entender el alcance del reclamo: una administración puede responder por salarios u otras tareas de su ámbito y, al mismo tiempo, sostener que un beneficio concreto corresponde a otra instancia. El pronunciamiento no ofreció datos sobre el avance, el presupuesto o los resultados medibles de las mejoras mencionadas.El gobernador dirigió además un llamado al personal sanitario para que priorice la atención de los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar consultas, cirugías, tratamientos y otras prestaciones. Señaló que los derechos laborales deben respetarse, pero los puso en relación con los derechos de quienes esperan atención. No precisó qué servicios estaban suspendidos o amenazados por la protesta, por lo que el alcance concreto de la afectación a los pacientes no quedó establecido en sus declaraciones.Sin acuerdo anunciado, el diálogo queda pendienteVelasco pidió a los dirigentes sindicales canalizar sus solicitudes ante las autoridades que, según la ley, tienen competencia para resolverlas. A la vez, manifestó respeto y reconocimiento a los profesionales de salud y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán los cambios que su administración pretende impulsar. Su tono fue firme y descartó que la Gobernación ceda ante medidas de coerción; esa postura mantiene abierta la disputa sobre la sede de la negociación, aunque Aguirre anunció una gestión directa en La Paz.El gobernador concluyó que el sistema de salud pertenece a la población cruceña y no a sindicatos, dirigentes o políticos, y afirmó que la Gobernación continuará con su hoja de ruta. Por ahora, los elementos conocidos son la protesta, la atribución legal del financiamiento al nivel nacional según Velasco y el viaje anunciado por la vicegobernadora. La respuesta del Ministerio y la evolución de la movilización serán determinantes para saber si la gestión anunciada permite avanzar hacia una solución sin comprometer la atención sanitaria.

Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y rechaza presiones sindicales

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la administración departamental no tiene competencia para pagar el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud que protestaron frente a la Gobernación. Según sostuvo, desde la gestión 2026 la financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes, conforme a la Ley N.º 1771. En ese marco, pidió que las demandas se dirijan a las autoridades nacionales y rechazó que la interrupción de servicios sea utilizada como mecanismo de presión.

La declaración se produjo mientras representantes y trabajadores sanitarios mantenían una protesta ante la sede del gobierno departamental. Velasco cuestionó que la movilización estuviera dirigida a la Gobernación, al considerar que la obligación reclamada quedó asignada por ley al nivel central. No se informó en el pronunciamiento sobre una fecha para el pago, el monto del bono ni una respuesta del Ministerio de Salud y Deportes a la demanda.

Velasco atribuye al Gobierno nacional el pago del bono de vacunación y rechaza presiones sindicalesEl gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la administración departamental no tiene competencia para pagar el bono de vacunación reclamado por trabajadores de salud que protestaron frente a la Gobernación. Según sostuvo, desde la gestión 2026 la financiación corresponde al Ministerio de Salud y Deportes, conforme a la Ley N.º 1771. En ese marco, pidió que las demandas se dirijan a las autoridades nacionales y rechazó que la interrupción de servicios sea utilizada como mecanismo de presión.La declaración se produjo mientras representantes y trabajadores sanitarios mantenían una protesta ante la sede del gobierno departamental. Velasco cuestionó que la movilización estuviera dirigida a la Gobernación, al considerar que la obligación reclamada quedó asignada por ley al nivel central. No se informó en el pronunciamiento sobre una fecha para el pago, el monto del bono ni una respuesta del Ministerio de Salud y Deportes a la demanda.La disputa se centra en quién debe financiar el beneficioVelasco sostuvo que las competencias públicas deben establecerse a partir de las normas vigentes y no de la presión sindical. En su evaluación, exigir a la Gobernación que asuma el pago carece de fundamento competencial porque, desde 2026, el financiamiento fue atribuido al Ministerio de Salud y Deportes. La referencia a la Ley N.º 1771 constituye el eje jurídico de su respuesta; sin embargo, el gobernador no detalló durante su intervención los mecanismos administrativos previstos para concretar el desembolso ni el calendario de aplicación.La diferencia entre la responsabilidad financiera y la administración de los servicios de salud es central en el conflicto. La protesta se realizó ante una institución departamental, mientras que el gobernador identifica al Gobierno nacional como la instancia con capacidad legal para resolver la obligación. Esa distribución de funciones explica la posición de la Gobernación, pero no resuelve por sí misma la demanda de los trabajadores: para ello se requiere una respuesta de las autoridades señaladas como competentes y claridad sobre los pasos y plazos de pago.Velasco respaldó públicamente a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien salió a dialogar con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta de las autoridades nacionales. El viaje anunciado abre una vía institucional de interlocución, aunque todavía no supone un acuerdo ni una solución confirmada. La intervención de Aguirre también muestra que, pese al rechazo a trasladar la obligación financiera a la Gobernación, el Ejecutivo departamental prevé realizar gestiones ante el nivel central.El gobernador defiende la gestión departamental y pide mantener la atenciónEn su mensaje, Velasco afirmó que la Gobernación ha pagado puntualmente los salarios del personal de salud, el primer día hábil de cada mes, y describió ese cumplimiento como un avance que, según dijo, requirió un esfuerzo considerable. También mencionó intervenciones en infraestructura hospitalaria, modernización de procesos administrativos, digitalización de servicios y medidas para recuperar progresivamente la capacidad operativa del sistema sanitario departamental.Esas referencias forman parte de la defensa de la gestión departamental, pero no modifican la cuestión específica del bono, cuya financiación el gobernador atribuye al Gobierno nacional. La distinción es relevante para entender el alcance del reclamo: una administración puede responder por salarios u otras tareas de su ámbito y, al mismo tiempo, sostener que un beneficio concreto corresponde a otra instancia. El pronunciamiento no ofreció datos sobre el avance, el presupuesto o los resultados medibles de las mejoras mencionadas.El gobernador dirigió además un llamado al personal sanitario para que priorice la atención de los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar consultas, cirugías, tratamientos y otras prestaciones. Señaló que los derechos laborales deben respetarse, pero los puso en relación con los derechos de quienes esperan atención. No precisó qué servicios estaban suspendidos o amenazados por la protesta, por lo que el alcance concreto de la afectación a los pacientes no quedó establecido en sus declaraciones.Sin acuerdo anunciado, el diálogo queda pendienteVelasco pidió a los dirigentes sindicales canalizar sus solicitudes ante las autoridades que, según la ley, tienen competencia para resolverlas. A la vez, manifestó respeto y reconocimiento a los profesionales de salud y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán los cambios que su administración pretende impulsar. Su tono fue firme y descartó que la Gobernación ceda ante medidas de coerción; esa postura mantiene abierta la disputa sobre la sede de la negociación, aunque Aguirre anunció una gestión directa en La Paz.El gobernador concluyó que el sistema de salud pertenece a la población cruceña y no a sindicatos, dirigentes o políticos, y afirmó que la Gobernación continuará con su hoja de ruta. Por ahora, los elementos conocidos son la protesta, la atribución legal del financiamiento al nivel nacional según Velasco y el viaje anunciado por la vicegobernadora. La respuesta del Ministerio y la evolución de la movilización serán determinantes para saber si la gestión anunciada permite avanzar hacia una solución sin comprometer la atención sanitaria.

La disputa se centra en quién debe financiar el beneficio

Velasco sostuvo que las competencias públicas deben establecerse a partir de las normas vigentes y no de la presión sindical. En su evaluación, exigir a la Gobernación que asuma el pago carece de fundamento competencial porque, desde 2026, el financiamiento fue atribuido al Ministerio de Salud y Deportes. La referencia a la Ley N.º 1771 constituye el eje jurídico de su respuesta; sin embargo, el gobernador no detalló durante su intervención los mecanismos administrativos previstos para concretar el desembolso ni el calendario de aplicación.

La diferencia entre la responsabilidad financiera y la administración de los servicios de salud es central en el conflicto. La protesta se realizó ante una institución departamental, mientras que el gobernador identifica al Gobierno nacional como la instancia con capacidad legal para resolver la obligación. Esa distribución de funciones explica la posición de la Gobernación, pero no resuelve por sí misma la demanda de los trabajadores: para ello se requiere una respuesta de las autoridades señaladas como competentes y claridad sobre los pasos y plazos de pago.

Velasco respaldó públicamente a la vicegobernadora Paola Aguirre, quien salió a dialogar con los trabajadores y anunció que viajará a La Paz para gestionar una respuesta de las autoridades nacionales. El viaje anunciado abre una vía institucional de interlocución, aunque todavía no supone un acuerdo ni una solución confirmada. La intervención de Aguirre también muestra que, pese al rechazo a trasladar la obligación financiera a la Gobernación, el Ejecutivo departamental prevé realizar gestiones ante el nivel central.

El gobernador defiende la gestión departamental y pide mantener la atención

En su mensaje, Velasco afirmó que la Gobernación ha pagado puntualmente los salarios del personal de salud, el primer día hábil de cada mes, y describió ese cumplimiento como un avance que, según dijo, requirió un esfuerzo considerable. También mencionó intervenciones en infraestructura hospitalaria, modernización de procesos administrativos, digitalización de servicios y medidas para recuperar progresivamente la capacidad operativa del sistema sanitario departamental.

Esas referencias forman parte de la defensa de la gestión departamental, pero no modifican la cuestión específica del bono, cuya financiación el gobernador atribuye al Gobierno nacional. La distinción es relevante para entender el alcance del reclamo: una administración puede responder por salarios u otras tareas de su ámbito y, al mismo tiempo, sostener que un beneficio concreto corresponde a otra instancia. El pronunciamiento no ofreció datos sobre el avance, el presupuesto o los resultados medibles de las mejoras mencionadas.

El gobernador dirigió además un llamado al personal sanitario para que priorice la atención de los pacientes y advirtió que una paralización puede afectar consultas, cirugías, tratamientos y otras prestaciones. Señaló que los derechos laborales deben respetarse, pero los puso en relación con los derechos de quienes esperan atención. No precisó qué servicios estaban suspendidos o amenazados por la protesta, por lo que el alcance concreto de la afectación a los pacientes no quedó establecido en sus declaraciones.

Sin acuerdo anunciado, el diálogo queda pendiente

Velasco pidió a los dirigentes sindicales canalizar sus solicitudes ante las autoridades que, según la ley, tienen competencia para resolverlas. A la vez, manifestó respeto y reconocimiento a los profesionales de salud y aseguró que las presiones políticas o sindicales no detendrán los cambios que su administración pretende impulsar. Su tono fue firme y descartó que la Gobernación ceda ante medidas de coerción; esa postura mantiene abierta la disputa sobre la sede de la negociación, aunque Aguirre anunció una gestión directa en La Paz.

El gobernador concluyó que el sistema de salud pertenece a la población cruceña y no a sindicatos, dirigentes o políticos, y afirmó que la Gobernación continuará con su hoja de ruta. Por ahora, los elementos conocidos son la protesta, la atribución legal del financiamiento al nivel nacional según Velasco y el viaje anunciado por la vicegobernadora. La respuesta del Ministerio y la evolución de la movilización serán determinantes para saber si la gestión anunciada permite avanzar hacia una solución sin comprometer la atención sanitaria.