La discusión sobre si la oposición venezolana debe continuar negociando con el régimen de Nicolás Maduro no es nueva, pero ha adquirido una gravedad distinta. Después de casi un cuarto de siglo de conversaciones fallidas, compromisos incumplidos y acuerdos utilizados por el poder para ganar tiempo, una parte importante de los demócratas considera que dialogar equivale a legitimar la dictadura. Otra corriente sostiene que, pese a los antecedentes, no existe una alternativa con capacidad real para desmontar el sistema de control político, recuperar las instituciones y abrir una transición. La controversia no se limita a una diferencia táctica: refleja la fractura estratégica de una oposición que debe decidir cómo convertir una victoria electoral desconocida por el régimen en poder político efectivo.
Una historia de acuerdos convertidos en instrumentos de supervivencia
La desconfianza tiene fundamentos concretos. Tras los acontecimientos de abril de 2002, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsaron la Mesa de Negociación y Acuerdos. El referéndum revocatorio de 2004 fue su resultado más visible, pero el proceso también mostró hasta qué punto el chavismo estaba dispuesto a emplear las instituciones, los recursos del Estado y las reglas electorales para preservar el poder. La negociación no produjo una apertura democrática; permitió al Gobierno administrar una crisis y consolidar su control sobre el aparato público.
El patrón se repitió durante los diálogos promovidos por UNASUR y el Vaticano en 2016, en medio de protestas masivas y de una creciente presión social. La oposición acudió con la expectativa de obtener garantías electorales y una salida institucional, pero el Gobierno no cumplió los compromisos asumidos. La retirada opositora a comienzos de 2017 coincidió con una nueva etapa represiva. Posteriormente, el proceso liderado por el presidente dominicano Danilo Medina volvió a poner sobre la mesa la liberación de presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015, condiciones electorales y la apertura de un canal humanitario. En febrero de 2018, el régimen presentó un documento unilateral y dio por terminada, en la práctica, la iniciativa.
El ciclo de Noruega, primero en Oslo y luego en Barbados, terminó en 2019 después de que Maduro respondiera con la suspensión de las conversaciones a las sanciones económicas de Estados Unidos. Las reuniones de México desembocaron en el Memorándum de Entendimiento de 2021, pero también fueron interrumpidas por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, figura central de la red financiera del chavismo. Cuando las partes regresaron a la mesa en 2022, el Gobierno concentró sus esfuerzos en conseguir el descongelamiento de fondos venezolanos bloqueados por las sanciones. El argumento era destinarlos a salud, educación y electricidad, aunque la experiencia previa había enseñado que el régimen suele convertir las urgencias sociales en instrumentos de negociación internacional.
Los Acuerdos de Barbados parecieron abrir una oportunidad diferente porque conectaron la negociación con las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la inhabilitación de María Corina Machado, la posterior persecución contra ciudadanos y dirigentes, y el desconocimiento del triunfo de Edmundo González Urrutia demostraron que el chavismo podía aceptar condiciones electorales mientras calculaba cómo incumplirlas. El resultado reforzó la tesis de quienes consideran que todo pacto con Maduro termina ofreciendo legitimidad, tiempo y oxígeno internacional a un poder que no pretende retirarse.
El dato que modifica el escenario actual
La coyuntura presente contiene, sin embargo, un elemento que no estaba disponible en varias rondas anteriores: la participación directa y supervisora del Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado. El proceso protagonizado por Dinorah Figuera, en representación de la oposición democrática, y Jorge Rodríguez, por el régimen madurista, avanza lentamente, pero ya ha sido asociado con posibles pasos hacia la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. No se trata todavía de una transformación del sistema, pero sí de asuntos que afectan el núcleo de la disputa: quién administra la justicia, quién organiza los comicios y qué grado de credibilidad pueden tener sus decisiones.
La presencia estadounidense no garantiza que el régimen cumpla. Sí modifica el costo de incumplir. En negociaciones anteriores, el chavismo podía firmar un compromiso, esperar la división opositora y reanudar la represión cuando la atención internacional disminuía. Bajo una tutela más directa de Washington, cada violación puede desencadenar nuevas sanciones, afectar la relación con otros gobiernos y reducir el margen de maniobra económico del oficialismo. La presión externa solo tendrá efecto si se acompaña de mecanismos de verificación, plazos claros y consecuencias automáticas. Sin esos elementos, la supervisión corre el riesgo de convertirse en otra declaración diplomática sin capacidad coercitiva.
La discusión sobre el diálogo, por tanto, no debería plantearse en términos morales simples. Negociar no equivale necesariamente a conceder; rechazar una negociación tampoco significa ejercer presión. La pregunta decisiva es qué obtiene cada parte, qué puede verificarse y qué ocurre si una obligación no se cumple. Un acuerdo que incluya la recomposición del árbitro electoral, la independencia judicial, garantías para los candidatos, liberación de detenidos y protección para los exiliados tendría efectos institucionales concretos. Una conversación sin compromisos medibles, en cambio, solo ampliaría la capacidad del régimen para dividir a sus adversarios.
La oposición frente a su propia contradicción
El principal problema de la oposición venezolana no es que existan desacuerdos, sino que las corrientes enfrentadas no han logrado presentar una estrategia completa. Quienes rechazan el diálogo señalan, con razón, que el chavismo ha utilizado cada mesa para ganar tiempo. Pero esa crítica pierde fuerza cuando no está acompañada de un plan alternativo que combine movilización social, presión internacional, coordinación institucional y protección para quienes desafían al poder. Una consigna no reemplaza una estructura. Tampoco puede producir por sí sola la salida de un régimen que conserva las armas, el control territorial, los recursos públicos y una red de vigilancia sobre la sociedad.
La experiencia posterior a las elecciones de 2024 ilustra esa dificultad. La evidencia del respaldo obtenido por González Urrutia generó una expectativa de cambio, pero el reconocimiento internacional de un resultado no equivale automáticamente a la transferencia del poder. Para convertir una victoria electoral en una transición se necesitan funcionarios dispuestos a obedecer nuevas reglas, fuerzas sociales capaces de sostener la presión, garantías para sectores del oficialismo que acepten una salida y un mecanismo que impida al Gobierno usar la represión para congelar el conflicto. Si esos componentes no existen, la legitimidad electoral puede quedar aislada de la capacidad política.
Las declaraciones de María Corina Machado a un diario de Panamá, interpretadas como una ruptura con el plan Trump-Rubio para Venezuela y como una denuncia de los vetos que han impedido su regreso, pueden profundizar esa tensión. Machado conserva un peso indiscutible entre los votantes opositores y su exclusión ha sido uno de los símbolos más claros de la desigualdad electoral. Pero su distanciamiento de una negociación respaldada por Estados Unidos también puede dificultar la construcción de una posición común. Para el Gobierno, una oposición dividida constituye una ventaja operativa: permite presentar cualquier acuerdo como producto de una minoría, escoger interlocutores y retrasar los temas que comprometen su permanencia.
El costo social de prolongar la incertidumbre
La disputa estratégica tiene consecuencias que van más allá de las élites políticas. Venezuela acumula años de deterioro institucional, migración masiva, pérdida de ingresos, servicios públicos deficientes y desconfianza hacia las autoridades. Cada proceso fallido aumenta el escepticismo de una población que ha visto promesas de apertura seguidas por nuevas detenciones, cierres de espacios cívicos y restricciones económicas. Cuando la ciudadanía concluye que ninguna vía produce resultados, disminuyen la participación y la capacidad de presión social, mientras crecen la resignación y la dependencia de soluciones externas.
La falta de acuerdos también prolonga la crisis humanitaria. La apertura de canales para alimentos, medicamentos, electricidad y educación fue discutida desde el proceso de 2017, pero el régimen se resistió porque implicaba reconocer la magnitud de la emergencia. Esa lógica sigue vigente: el Gobierno busca administrar la ayuda como una herramienta política, mientras la oposición teme que cualquier cooperación sea utilizada para fortalecerlo. La salida no consiste en abandonar la asistencia, sino en establecer mecanismos transparentes, supervisados por organismos independientes y vinculados a resultados comprobables. Sin control, los recursos pueden terminar financiando redes clientelares; sin asistencia, el costo recae sobre una población que no decide la estrategia de ninguna de las partes.
Entre el desgaste y una transición posible
El futuro de la negociación dependerá de si logra pasar de la diplomacia declarativa a la modificación verificable de las reglas. La renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral sería relevante solo si incorpora procedimientos públicos, perfiles independientes y garantías para que sus decisiones no sean revertidas por órdenes políticas. Del mismo modo, unas elecciones no serían competitivas únicamente porque se anuncie su fecha: exigirían habilitación de candidatos, acceso equilibrado a medios, observación creíble, registro actualizado y protección de testigos y electores.
También será necesario resolver una cuestión que suele quedar fuera de los comunicados: las garantías para quienes hoy ejercen el poder. Una transición negociada rara vez avanza si la cúpula gobernante percibe que el único desenlace posible es la prisión o la confiscación total. Esto no significa aceptar impunidad por delitos graves. Significa distinguir entre garantías políticas para facilitar una salida y responsabilidades penales que deben investigarse con procedimientos independientes. La experiencia internacional muestra que una transición sostenible requiere equilibrar justicia, reparación y estabilidad; si uno de esos elementos se impone por completo, el pacto puede romperse antes de producir el cambio institucional.
La oposición tiene derecho a desconfiar y razones para exigir condiciones estrictas. Pero mientras no exista una movilización sostenida, una estructura unificada y una vía interna capaz de desplazar al régimen, la negociación seguirá siendo el único instrumento con posibilidades de alterar simultáneamente la conducta del Gobierno, la arquitectura institucional y la posición de los actores externos. El desafío no es elegir entre dialogar o luchar, como si fueran caminos excluyentes. Es utilizar la presión social, electoral e internacional para que el diálogo deje de ser una pausa útil para el poder y se convierta en un mecanismo con costos reales para quien incumpla. En Venezuela, la salida democrática no dependerá de la confianza en los acuerdos, sino de la capacidad de hacerlos exigibles.