El Gobierno de Estados Unidos reconoce que una parte del combustible exportado a empresarios privados cubanos puede terminar en manos de entidades vinculadas al régimen. La admisión, contenida en una declaración del Departamento de Estado enviada al periodista David Adams y obtenida por 14ymedio, revela el principal límite de la nueva política energética de Washington hacia la Isla: el intento de romper el monopolio estatal ha creado canales privados de importación, pero no ha impedido que el aparato oficial se beneficie de ellos.
“No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen”, señala el documento. La Oficina de Prensa del Departamento de Estado añade que continuará persiguiendo a las empresas que suministren combustible al Gobierno cubano de manera consciente y que sancionará los mecanismos utilizados para evadir las restricciones estadounidenses.
El monopolio se reduce, pero no desaparece
La posición de Washington parte de una valoración favorable de su estrategia. Según la declaración, la política aplicada por la Administración de Donald Trump habría provocado “la mayor privatización de la historia de la economía cubana”. Tras el fin del suministro petrolero gratuito de Venezuela, una parte del cual, de acuerdo con el texto estadounidense, era revendida en el exterior para obtener divisas, los empresarios privados cubanos conservaron la posibilidad de importar combustible desde Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostiene que esos empresarios ahora compran y venden productos a otros negocios privados, organizaciones no gubernamentales humanitarias y establecimientos diplomáticos. Desde esa perspectiva, el régimen ya no controla la totalidad del mercado y debe recurrir a intermediarios, subterfugios y operaciones ilegales para obtener una porción del combustible que entra en el país.
Sin embargo, la propia admisión oficial estadounidense indica que la separación entre el sector privado y las estructuras estatales es mucho menos clara en la práctica. Cuando una empresa privada alquila una gasolinera estatal, opera dentro de una red controlada por corporaciones militares o vende a compañías oficiales, el cambio de titularidad no necesariamente modifica el destino final del combustible.
Las gasolineras dejaron rastros difíciles de ignorar
Desde abril, 14ymedio documenta el alquiler de servicentros estatales a mipymes, entre ellos el de Acapulco, en Nuevo Vedado, para despachar combustible comprado en Estados Unidos. En paralelo, la plataforma Ticket, gestionada por Cimex, una corporación perteneciente al conglomerado militar Gaesa y sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, comenzó a vender gasolina y diésel en dólares en La Habana, precisamente cuando la normativa estadounidense reservaba esas importaciones a operadores privados.
La evidencia se hizo más directa en la antigua estación Shell de Guanabacoa. Allí fueron abastecidos vehículos de Transmed y de otras empresas estatales mediante bombas alquiladas por privados, una práctica expresamente prohibida por las reglas estadounidenses. En septiembre, este diario informó además que la gasolinera El Eficiente, situada a una cuadra de Villa Marista, suministraba combustible a vehículos de Sepsa, a camiones de las brigadas especiales del Ministerio del Interior conocidas como boinas negras y a motocicletas Suzuki utilizadas por la Seguridad del Estado.
Estos episodios adquirieron mayor relevancia después de que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declarara públicamente que Cuba no tenía “absolutamente nada de fuel” ni “absolutamente nada de diésel”. Para entonces habían transcurrido más de cinco meses desde la llegada del último tanquero identificado, el Anatoly Kolodkin, procedente de Rusia. La continuidad del suministro en determinados servicentros apuntaba, por tanto, a la existencia de circuitos alternativos.
La documentación comercial expone la conexión
Una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias confirmó que Cimex compra combustible a 21 proveedores, al menos 16 de ellos mipymes cubanas, y después lo revende a través de su red de estaciones. Una factura fechada el 21 de septiembre registra la venta de más de 23.000 litros de gasolina desde Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro.
El dato más significativo no es solo el volumen, sino la forma de la operación. Cimex no aparece como importadora directa, sino como compradora de un producto suministrado por empresas privadas cubanas. El esquema permite mantener formalmente la distinción entre importadores privados y consumidores estatales, aunque el combustible termine circulando por una infraestructura asociada al poder militar y económico del régimen.
La confiscación anunciada el 7 de octubre por agencias del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense muestra que Washington está tratando de establecer una línea más estricta. Fueron incautados 90 cargamentos de biodiésel, 71 en Port Everglades, Florida, y 19 en Houston, Texas. La mercancía, valorada en unos 2,8 millones de dólares, estaba destinada a Enetec, empresa estatal incluida en la lista de sancionados de la Ofac desde el 13 de julio.
Un mercado más abierto también puede ser más difícil de controlar
Entre enero y agosto, las exportaciones de derivados del petróleo desde Estados Unidos hacia Cuba alcanzaron 231,74 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia comercial bilateral. Ese crecimiento demuestra que el mecanismo de importación privada no es marginal, aunque su impacto sobre el abastecimiento nacional siga siendo objeto de disputa.
De la O Levy afirmó recientemente a Reuters que el combustible importado ni siquiera cubre el 3% de las necesidades de la Isla y que ninguna empresa estatal había conseguido un contrato, ni por pequeñas ni por grandes cantidades. La afirmación contrasta con la presencia de vehículos y estaciones estatales dentro de los circuitos de distribución documentados, pero también recuerda que el volumen total importado no equivale necesariamente al combustible disponible para la economía cubana: existen pérdidas, reventas, acaparamiento, intermediación y usos preferentes.
El problema central para Washington es de trazabilidad. Sancionar al comprador estatal directo resulta relativamente sencillo; seguir el recorrido de un cargamento vendido a una mipyme, transferido a otra empresa y finalmente despachado a una entidad oficial exige reconstruir relaciones comerciales y beneficiarios reales que pueden permanecer ocultos. Para el régimen cubano, esa complejidad abre una fuente de abastecimiento en un momento de extrema escasez. Para los operadores privados, crea oportunidades económicas, pero también el riesgo de quedar expuestos a sanciones por operaciones que presenten una apariencia comercial legítima.
La nueva arquitectura energética, por tanto, no ha eliminado la dependencia del Estado: la ha vuelto menos visible y más disputada. El régimen perdió el control exclusivo sobre la entrada del combustible, pero conserva instalaciones, empresas, transporte y capacidad administrativa para capturar parte de los flujos privados. La declaración estadounidense reconoce precisamente esa contradicción: la privatización puede limitar el monopolio estatal sin impedir que el poder utilice sus propias redes para recuperar una porción de los beneficios.